Una mujer que se desempeñaba como asistente social en el Hospital de Salvador Mazza fue imputada provisionalmente por los delitos de estafa con abuso de confianza, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Arts. 172, 173 y 248 del Código Penal). La investigación se centra en la presunta apropiación fraudulenta de fondos pertenecientes a una adulta mayor con discapacidad auditiva y del habla, residente en el paraje La Toma.
Según consta en la denuncia presentada por la hija de la damnificada en la comisaría de Alto Verde, el pasado 19 de junio la acusada se presentó en el domicilio de la víctima bajo el pretexto de realizar una gestión oficial. En ese marco, solicitó las tarjetas de débito, crédito y el DNI, los cuales habría fotografiado. Poco después, la mujer descubrió que su cuenta bancaria se encontraba sin fondos, y al revisar los movimientos detectó transferencias y consumos no autorizados.
Las averiguaciones permitieron identificar que una parte de los fondos desviados habría sido transferida a la hija de la imputada, quien también fue citada a declarar. En la audiencia de imputación, la acusada brindó su versión de los hechos, y el fiscal penal Jorge Armando Cazón solicitó su detención preventiva mientras se profundizan las actuaciones.
Desde la Fiscalía se ordenó el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos relevantes para el caso. En paralelo, se formalizó una imputación contra la hija de la acusada, por posible comisión de los delitos de estafa (Art. 172 del C.P.) y encubrimiento (Art. 277 del C.P.), en función de los movimientos registrados en su cuenta bancaria.
