La Unidad Fiscal integrada por Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos; y Pablo Cabot, de la Fiscalía Penal de Tartagal; imputaron este lunes por la mañana a la contadora Liliana Cristina Centeno por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria; por la confección de las declaraciones juradas que facilitaron la compra de vehículos de alta gama. La imputada se abstuvo de declarar.
Centeno, que es contadora pública, fue quien confeccionó las declaraciones juradas que permitieron las compras de los vehículos que fueron secuestrados el miércoles pasado durante los 18 allanamientos al domicilio del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, familiares y funcionarios comunales; por los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) -con la colaboración de Policía de la Provincia de Salta, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación; y del Grupo Operativo Conjunto-NOA).
De acuerdo a la investigación realizada por los investigadores del CIF del Ministerio Público Fiscal, los fondos empleados en las compras de los cuatro vehículos (un BMW, modelo X6 XDRIVE 40I a nombre de Rubén Méndez; una camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su hija Ivanna Irene Méndez; un BMW, modelo M340I XDRIVE a nombre de su hijo Roque Maximiliano Méndez y otra camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su expareja Susana Angelita Palacio) podrían estar relacionados con las arcas municipales.
Además, de acuerdo a lo suministrado por AFIP, lo manifestado por la contadora Liliana Centeno no concuerda con los registros obrantes en el organismo nacional, en cuando a la capacidad patrimonial y financiera de las personas mencionadas para poder realizar la adquisición de los vehículos. Centeno se presentó con un defensor oficial y se abstuvo de declarar.
La causa
Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre pasado contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Salinas Odorisio y Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos. Como resultado fueron secuestradas un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350 (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.
Hasta el momento, fueron imputadas doce personas: Rubén Méndez Salazar (Intendente), Ivanna Irene Méndez (hija), Roque Maximiliano Méndez (hijo), Susana Angelita Palacio (expareja), Juan Marco Méndez (hermano del Intendente), Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado del Intendente), Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del Intendente), Roberto Justo Balverdi (Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza), Roberto Orellana (Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza), Ángela Paola Beatriz Gijena (pareja), Jesús José Antonio Reinoso Méndez (sobrino) y Liliana Cristina Centeno (contadora).
Los delitos que se le imputan, y sobre los que el Ministerio Público Fiscal continuará investigando, son asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y trabajos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, dado que durante la investigación realizada por los Investigadores Fiscales del CIF surgieron circunstancias que podrían constituir delitos federales, como evasión fiscal y/o delitos aduaneros, el Ministerio Público Fiscal dio intervención en la causa contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, a la Justicia Federal.
