El Centro Empresario Tartagal publico una carta referida a los embargos de cuentas corrientes a través del Banco Nacion, los que viene notificando y ejecutando la oficina de AFIP en Oran. La delicada situación económica que atraviesan los departamentos del norte, al que se suma la millonaria deuda de Petro AP con la región ha llevado al borde la quiebra a muchos emprendedores y empresarios locales.
Con la firma del Ing. Agrónomo Dante Galeano; presidente del Centro; el texto de la misiva apela a la gestión de los legisladores departamentales para paliar la situación que atraviesa la zona, como también una revisión de parte de AFIP para la realidad que hoy vive la zona.
El texto completo
“Nos dirigimos como contribuyentes y habitantes del Depto. San Martin para poner en su conocimiento la complicada situación que nos encontramos atravesando, en primer lugar manifestamos un descenso en los niveles de actividad, no solo la proveniente de la industria petrolera; sino también la actividad comercial, agrícola y extractivas, si a esto le adicionamos las malas condiciones climáticas que impiden el desarrollo de dichas actividades, la situación se torna sumamente complicada para los contribuyentes de la zona.
A titulo ejemplificador podemos mencionar que las cosechas se encuentran pudriéndose en el campo sin poder levantarlas con el perjuicio en inversión y trabajo que eso representa, y la imposibilidad de traslado a los centros de comercialización.
En segundo lugar manifestamos que una empresa concesionaria con autorización gubernamental, que operaba en las provincias de Formosa – Salta y Jujuy, ha entrado en cesación de pago, dejando a las Pymes del medio, con deudas millonarias de aproximadamente $ 100.000.000 (CIEN MILLONES DE PESOS), como así también empleados sin pagos de indemnización y en situación de desempleo.
Agregamos la reciente actuación del fisco nacional, a través del Distrito Oran, al que pertenecemos con una avalancha de 3.500 embargos en las Cuentas Corrientes. De los contribuyentes del Depto. Oran y San Martín, mucho son por deudas ya exteriorizadas y consolidadas a través de la reciente Ley 27.260
Esta situación se torna insostenible para los contribuyentes que necesitan imperiosamente trabajar con su cuenta corriente, ya que los canales de financiación se encuentran prácticamente cerrados.
Debido a la cantidad de embargos producidos, el Distrito no cuenta con los recursos humanos necesarios para atender con la premura que esta situación amerita, los levantamientos y archivo de actuaciones.
Si a esto le adicionamos que en la ciudad de Tartagal, solamente contamos con una oficina de recepción de Multinotas, tramites de CUIT y consultas, solo dos días a la semana, los casos sobrepasan la cantidad que un funcionario puede atender.
Por otro lado el hecho de trasladarnos hasta la ciudad de Oran, distante a 130km, implica un costo en tiempo que muchas veces no justifica, ya que no traemos resueltos los problemas en una sola visita, porque no se cuenta con los recursos humanos inmediatos, para su pronta resolución.
Como consecuencia de los embargos en las cuentas corrientes se Inhabilitan la operatividad total y comercial, y pone en riesgo el normal cumplimiento de planes de pago vigentes, tanto en Afip como en DGR, que ya se encuentran consolidados y que se amortizan mensualmente, como así también el pago a los proveedores por el rechazo de los cheques emitidos por los contribuyentes en cuestión
Como agravante, los embargos ingresan a través de BCRA y se hace en cada entidad financiera, donde el contribuyente posee las cuentas corriente o caja de Ahorro. Ahora bien, independientemente de que se extraigan los fondos, las mismas quedan inhabilitadas totalmente.
Para concluir, el contribuyente además de soportar las cargas tributarias que se encuentran vigentes, debe hacerse cargo de los honorarios de los abogados del fisco, que representa el 5% del total de la deuda intimada (en la medida que se regularice dentro de los siete primeros días- caso contrario es del 10%), encontrándose en muchos casos canceladas, y a pesar de ello los juicios siguen vigentes por inoperancia y en algunos casos por falta recursos humanos del Distrito Oran
Es por todo lo expuesto, que solicitamos que el fisco revea tal situación y permita a los contribuyentes de los Departamento afectados, a utilizar las herramientas previstas a través de la Ley de Pymes vigente Nº 27.264, donde establece que el PEN pueda dictar normas para atenuar las asimetrías y desequilibrios económicos de las zonas fronterizas con alícuotas que van del 5% al 15%”.
