Con el apoyo de diputados nacionales, provinciales, médicos y diferentes organizaciones locales, provinciales y nacionales, este miércoles se llevó a cabo una conferencia de prensa en Tartagal con el fin de impulsar el sobreseimiento a la Dra. Miranda Ruiz; denunciada por Interrupción Legal del Embarazo e imputada bajo causa aborto sin consentimiento. Se defendió el accionar de la médica bajo los parámetros de la Ley 27.610 y se cuestionaron los motivos de la Fiscalía Penal, como también el impacto a futuro en el ámbito de la salud pública.
El caso tomó estado local y nacional en septiembre de 2021, momento en que la doctora Ruiz fue denunciada por realizar una práctica de Interrupción Legal del Embarazo y posteriormente, imputada en una causa por aborto sin consentimiento por la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados de Tartagal, a cargo del Dr. Gonzalo Vega, a raíz de las declaraciones de familiares de la joven que solicitó la práctica. Tanto las abogados de la médica como el gerente del Hospital “Juan Domingo Perón” resaltaron que el acto médico es el cuestionado más que el hecho en sí.
Las abogadas destacaron que; transcurridos poco más de cuatro meses y sin nuevas medidas probatorias desde Noviembre de 2021 ni pedido de prórroga por la fiscalía del Dr. Vega; corresponde pedir sobreseimiento para la imputada. “Esta ley se está cumpliendo (…) está vigente”, remarcó a su vez la diputada provincial Gladys Paredes, “el acto médico está bajo lo que es el cumplimiento de la ley”, y cuestionó: “¿A la doctora hay una persecución porque es médica? ¿porque es mujer? ¿persecución por ensañamientos personales, religiosos, políticos? (…) sanitariamente, esta imputación es inadecuada y que a nosotros como médicos nos pone a pensar hasta qué punto podemos poner nuestro sello y nuestra firma si luego la justicia nos va a imputar por un acto (médico)”.
Santiago Payo, médico gerente del Hospital Público, reiteró que la doctora Ruiz; en su calidad de residente; no puede aplicar sin autorización ningún procedimiento y ello incluye la gerencia, reafirmando así que la historia clínica (elevada a su vez al Ministerio de Salud de Salta y anexada al legajo de investigación); incluso en una práctica de ILE. La abogada de la médica, Dra. Paula Tkaczec destacó la figura de “consentimiento” que establece la ley antes de realizarse la práctica como también la figura de “arrepentimiento”. Entre la documentación elevada en la historia clínica, “en ningún momento consta un arrepentimiento por escrito”, y remarcó que; en caso de solicitarse la elevación a juicio de la médica Ruiz; éste será rechazado: “La fiscalía lo único que tiene es un relato y no pruebas”.
