La estructura criminal, comandada por Jorge Navarro y su hijo Gustavo, tenía entre sus miembros a Alberto Rojas, vinculado a un integrante santafesino de la “Banda de los Monos”. Un teléfono celular fue la prueba clave para descubrir los movimientos de esta organización. Las penas finales impuestas por Tribunales de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe a los miembros de esta organización criminal ascienden a 46 años y 6 meses.
En un juicio impulsado por el Área de Atención Inicial, de la Unidad Fiscal Salta integrada por la fiscal subrogante Paula Gallo, el Tribunal Oral Federal N°1, compuesto por Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Santiago Federico Díaz, condenó el martes 16 a Jorge Navarro y a su hijo Gustavo por los delitos de organización de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. El mayor recibió 13 años de prisión, mientras que su hijo 12 años y 6 meses, también como culpable del delito de tenencia de estupefacientes.
Ambas condenas son las más altas obtenidas por el Ministerio Público Fiscal desde la implementación del Código Procesal Penal Federal, que el 10 de junio cumplirá cuatro años de vigencia en Salta y Jujuy. La sentencia se amplía aún más considerando las penas impuestas al resto de los integrantes: Alberto Rojas, José Pereyra, Eugenio Belizan y Héctor Villalbas, cuya situación procesal fue resuelta a través de juicios abreviados.
Rojas recibió 6 años de prisión en calidad de coautor y fue declarado reincidente debido a una sentencia similar dispuesta en su contra por el Tribunal Oral Federal de Rosario N°3 (16 de agosto de 2019), cuando lo condenaron junto a otros doce implicados (detenidos el 9 de octubre de 2015) por el transporte de 53 kilos de cocaína, descubierto en el ingreso a dicha ciudad.
Junto a Rojas, el también integrante de la “Banda de los Monos”; Walter “Dani” Jure; fue condenado como coautores del transporte de la droga, que iba camuflada dentro de globos de piñata.
Destaca la sentencia al comisario Carlos Schmidt (ex jefe del Comando Radioeléctrico) como partícipe primario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, doblemente agravado por haberlo cometido con la concurrencia de tres o más personas en forma organizada y por su condición de funcionario público; recibiendo 6 años de prisión.
También, y en grado de coautor, el TOF N°1 le impuso a Pereyra seis años de prisión y lo declaró reincidente; debido a una pena de 10 años de prisión por infracción a la Ley 23.737 (19 de junio del 2017) dictada por el Tribunal Federal Oral de Santiago del Estero.
Por la misma calificación, Villalbas recibió una pena de 5 años, en tanto que Belizan fue condenado a 4 años, en calidad de partícipe secundario, a lo que se sumó el decomiso de dos camionetas y una suma de dinero cercana a los 50 mil pesos.
Las penas finales impuestas a la organización criminal liderada por los Navarro (oriundos de Tartagal – Salta) ascienden a 46 años y 6 meses, lo que constituye otra marca dentro del sistema acusatorio. La fiscal Gallo (Área de Atención Inicial), llevó la investigación por siete meses, para luego avanzar con los procesos abreviados y el juicio oral a los Navarro, que demandó otros 12 meses. Esto se pone de relieve aún más si se compara, por ejemplo, con la primera condena de Rojas, resuelta con el sistema mixto después de cuatro años de producido el hecho.
Todo se inició con un teléfono
En la apertura como en el cierre del juicio de responsabilidad, la fiscal resaltó cómo, a partir de un teléfono celular secuestrado, se logró identificar y desentrañar los complejos movimientos de la organización criminal liderada por los Navarro. El primero de ellos se descubrió el 20 de octubre de 2021, cuando Villalbas fue detenido en un control sobre la ruta provincial 5 (General Pizarro), a unos 270 kilómetros de Salta Capital, a bordo de una camioneta Toyota.
Villalbas viajaba de norte a sur, y los gendarmes descubrieron “un brillo inusual” en los bordes del compartimento de herramientas en el baúl, lo que llevó a descubrir debajo del cobertor 79 “ladrillos” de cocaína, con un peso final de 77 kilos con 963 gramos. El procedimiento parecía ser resuelto como un hecho de flagrancia, pero del teléfono celular secuestrado del interior de la camioneta se identificó a un usuario marcado con la letra “G”. Se probó que el detenido había mantenido comunicación con Jorge Navarro y su hijo; incluso que mantuvo largos encuentros con Gustavo dos días antes de ser detenido en Hipólito Yrigoyen y Embarcación, lo que sirvió para identificar el rol de cada uno.
Mientras Villalbas era el transportista, Gustavo Navarro era el “coche puntero” (“barredor”), para alertar sobre los controles de fuerzas de seguridad (“lindo primo” = ruta despejada). Al día siguiente, en un momento se avisó de controles (“tómese una cerveza”), jornada en que después del procedimiento que terminó ocurriendo, Gustavo Navarro realizó 15 llamadas al transportista. Estos movimientos se repitieron el 19 de mayo del 2022, cuando se desarticuló a toda la organización, ya estaba identificada a partir de tareas de campo e intervenciones telefónicas.
Ese día, los Navarro llevaban adelante otra carga importante de droga, que fue desactivado nuevamente en la ruta 5, esta vez a la altura de Luis Burela (sur de Salta). En dicha ocasión se utilizó también una camioneta Toyota, conducida por Pereyra, a quien los Navarro llamaron en febrero de ese año para el trabajo; fecha en que le habían otorgado la libertad condicional por la pena impuesta en Santiago del Estero. Rojas (ex convicto por narcotráfico) y Belizan fueron soporte en materia de vigilancia y despeje de la ruta, tarea a través de mensajes encriptados, los que se cortaron tras la detención de Pereyra en un control instalado para interceptar el transporte.
Al revisar la camioneta, los gendarmes hallaron la droga oculta en el piso de la caja y el sector lateral que da a la cabina, de donde se extrajeron 66 paquetes de cocaína (peso de 65 kilos con 774 gramos), deteniendo a Pereyra. Al registrar la detención de los Navarro, en sus casas (Tartagal) incautaron otros tres kilos de cocaína en la casa de Gustavo, lo que llevó a la fiscalía a imputarle, en carácter de concurso real, el delito de tenencia de estupefacientes. El 26 de julio de 2022, Rojas fue detenido en calle Araoz (entre España y San Martin) en Tartagal, a bordo de una camioneta Toyota. Belizan cayó dos meses después, el 8 de septiembre.
Modus operandi
La fiscal resaltó el rol de cada uno de los imputados, como así la que tuvo Jorge Navarro como director de ambos hechos de transporte, los que superaron los 143 kilos de cocaína. En ambos casos, el principal acusado permaneció en su casa, mientras que su hijo llevó adelante el monitoreo de los envíos a través de encuentros o llamados telefónicos con los transportistas y con los encargados de realizar el barrido de la ruta.
Respecto a este rol de organizadores, la fiscal citó jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, que sostuvo que “organizar” se trata de armar una “estructura funcional que facilita la comisión de los delitos de los artículos 5 y 6 de la ley 23.737”. Esto se logra “proveyendo los medios necesarios a ese fin -tráfico, entrega o suministro de estupefacientes-, personas, instrumentos, movilidad y dinero, de modo de obtener un mecanismo más o menos eficiente dirigido al logro de la finalidad propuesta, sin importar el número de personas, ni la determinación o diferencia de funciones, pues basta el mínimo entendimiento y coordinación”.
Los Navarro crearon “una estructura” que le fue funcional para poder cumplir con ambos hechos, asignando roles del caso a sus “dirigidos”, indicando que se acreditó que padre e hijo “contactaban a los proveedores del estupefaciente y consiguieron los vehículos para ambos transportes”. Entre los mayores obstáculos a la hora de las pruebas fue el “sistemático cambio y descarte de líneas telefónicas” y de celulares. Explicó que ambos utilizaron hasta seis líneas distintas, registradas a nombre de familiares o amigos, siempre con la intención de evitar ser captados.
Se pudo establecer que “la droga se acondicionaba en Campo Durán, distante a 22 kilómetros de Salvador Mazza, donde la droga era adquirida, para luego trasladarla al sur del país”. La fiscal describió el itinerario usado, sobre rutas provinciales, saliendo de Campo Duran o de Tartagal hasta el cruce con la ruta 81 y de allí hasta la 53, para llegar a Embarcación, a fin de evitar el control de Gendarmería Nacional en Senda Hachada (Ruta Nacional 34).
El viaje se continuaba por Ruta 5 hasta Las Lajitas (Anta). Desde allí iban por Ruta 30 hasta el cruce con Ruta Nacional 16 hasta Joaquín V. González; trayecto de 130 kilómetros extras para evadir los controles de Gendarmería. Otro aspecto giró en torno a la capacidad de adaptación de los Navarro al enterarse que eran investigados; surgido a partir de alertas dadas por familia atenta al movimiento de vehículos que rondaban la zona, especialmente cerca de las casas de Jorge y Gustavo Navarro. Pese a ello, los acusados no frenaron su accionar, sino que recomendaron mayor precaución y así, Pereyra descartó su teléfono y, para realizar el transporte, utilizó el de su esposa.
El MPF pudo acreditar el movimiento de dinero realizado por Jorge Navarro a través de mensajes, indicando detalles de las transferencias, con una descripción de compra y venta de vehículos realizadas por él y su hijo. Del total de 146,737 kilos de droga secuestrada, incluida la hallada en la casa de Gustavo Navarro, se pueden extraer 1.112.331 dosis. En función de ello, todos los acusados fueran declarados penalmente responsables. (Ministerio Público Fiscal de la Nación)
