Nuevo Diario de Salta.- Frente a las denuncias por violencia y maltrato a los chicos que hizo una docente, la jueza de Primera Nominación de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Elba Susana Menéndez, ordenó diversas actuaciones para las autoridades directivas de la escuela “Enrique Cambai”.
Así lo hizo conocer la integrante de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SiTEPSa), Marita Lucero, quien ayer estuvo en Tartagal junto a funcionarios del Ministerio de Educación, que recién luego de conocer la intervención judicial llegaron hasta el lugar.
La maestra víctima del maltrato (a quien no se identificará para no perjudicar a su hijo), hizo las denuncias ante la Justicia el 17 de agosto pasado.
Según indicó Lucero a Nuevo Diario, la directora de la escuela fue demandada por el hostigamiento y maltrato permanente que ejerce contra el cuerpo de trabajadores en general.
En el caso de los docentes, dijo, hay quienes pidieron el traslado. “Dieciocho de 19 docentes pidieron el traslado de esa escuela. Esto viene desde hace muchos años”, indicó la gremialista, a quien desde el martes, cuando estuvo en el lugar, no la dejaron ingresar al establecimiento pese a haberse presentado como referente del gremio al que la docente afectada está afiliada.
La gremialista sostuvo que muchas de las trabajadoras que están en el establecimiento son integrantes de las comunidades originarias y eso basta para decirles “chaqueñas patas hediondas“, o “limpiá el inodoro con la lengua”. En cuanto a las docentes los epítetos, dijo Lucero, no son muy distintos.
“Yo me quedé asombrada”, aseguró Lucero al indicar que en el caso que resolvió la jueza Menéndez, la docente denunció que los ataques fueron también volcados a su hijo que iba a esa escuela. Además de quitarle la escolta de la bandera de Salta, se le advirtió que se enviaría un informe que imposibilitaría al chico el ingreso al nivel secundario.
Esto generó que la víctima y su hijo acudan a una psicopedagoga que descalificó las amenazas de las autoridades de la escuela tras hacer un diagnóstico.
Por ahora, la jueza Menéndez ordenó a Victoria Acosta y Norma Corbalán, autoridades de la escuela, no ejercer “actos de violencia psicológico y verbal como así también proferir insultos, palabras agraviantes o desplegar conductas amenazantes”, en contra de la docente que actualmente se encuentra en uso de licencia psiquiátrica por las situaciones denunciadas.
Mientras, Lucero aseguró que la notificación de la orden judicial no fue dada a conocer al Ministerio de Educación mediante las autoridades directivas (como sostuvo lo establece el reglamento), y por el contrario el oficio fue notificado mediante las acciones que ordenó la jueza interviniente.
Ante ello, funcionarios de Educación tomaron ayer declaraciones de los integrantes del plantel del establecimiento.
