La Sede Fiscal Descentralizada Tartagal formalizó la investigación penal seguida contra el exdiputado provincial salteño Lucas Cisneros y otros cinco imputados, acusados de integrar una asociación ilícita que contrabandeó toneladas de granos con cartas de porte falsificadas hacia el Estado Plurinacional de Bolivia. Enterado de los allanamientos, Cisneros se presentó en su oficina y quedó detenido. Su socio, Pablo Emanuel Arequipa, escapó hacia Paraguay.
El Ministerio Público Federal acusa al grupo de conformar una organización delictiva que fingía el transporte de granos mediante cartas de porte apócrifas. En un año y medio, movieron más de 15.000 toneladas hacia Bolivia, usando depósitos comerciales ubicados en Salvador Mazza, cuyo fondo desemboca en territorio boliviano; todo dirigido por Cisneros y Arequipa.
Las imputaciones fueron realizadas por la fiscal federal Lucía Orsetti (Sede Descentralizada Tartagal), en audiencia realizada el viernes 26 de septiembre ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández. Los seis acusados son: Luis Gerónimo Cisneros (ex diputado) Alejandro Fernando Pedraza, Jean Denis y Leandro Nahuel Toledo, Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado. Todos quedaron imputados por los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado por el avalúo de la mercadería y el número de intervinientes, en grado de coautores.
También se solicitó la captura nacional e internacional del empresario Pablo Emanuel Arequipa, quien logró huir horas antes de iniciar los nueve allanamientos efectuados el miércoles 24 en inmuebles comerciales y casas particulares de Salvador Mazza y Tartagal, y en los que resultaron detenidos los seis imputados. En la misma audiencia, la jueza dictó la prisión preventiva para cinco de los acusados: Cisneros, Pedraza, Dorado y los hermanos Toledo. Para Arenas, encargado de uno de los depósitos allanados, quedó en libertad sujeto al cumplimiento de reglas de restricción.
Los allanamientos
La investigación de la fiscal federal Orsetti comenzó por una denuncia radicada el 21 de agosto de 2024 por la administradora en Tartagal de la Dirección General de Aduanas (DGA), María Mabel Tolaba. Presentando el caso, la fiscal explicó que además de los allanamientos hubo un procedimiento de control sobre Ruta 34, a la altura del puesto de control sobre el río Caraparí, con intervención de distintas secciones de Gendarmería Nacional y que también colaboró con las tareas de campo e inteligencia del caso.
Los procedimientos ocurrieron en la tarde del miércoles, comprobadas las irregularidades en las cartas de porte con las que se pretendía dar fe del transporte de poco más de 10 toneladas de granos; entre soja y maíz; en tres camiones con acoplado, marcas Scania, Volvo y Mercedes Benz, conducidos por los hermanos Toledo y un tercer chofer prófugo. La mercadería se secuestró en dos depósitos comerciales ubicados en Salvador Mazza; conocidos como Klum y Exeni. Según la investigación, son predios utilizados por la organización y situados prácticamente en la frontera, con fondos que desembocan en Bolivia.
Los granos incautados, ahora bajo interdicción de la DGA, fueron valuados en 69.240.106,90 pesos, producto del flujo de ganancia que los acusados (principalmente Cisneros, Arequipa y Pedraza) embolsaban usando documentación adulterada. Además de estos dos predios, y a pedido de la fiscalía, allanaron otros siete inmuebles, entre ellos la sede de la empresa “LU.MA.CIS SRL”; propiedad de Cisneros y quien fue detenido al presentarse en las instalaciones de la firma, enterado de la medida judicial. También se allanó su vivienda particular, en Tartagal.
El resto de los procedimientos fueron en dos propiedades de Pedraza, en la empresa Sergesa SRL; en Salvador Mazza y propiedad de Arequipa; y en sus viviendas particulares tanto en dicha ciudad como en Tartagal. En cada uno, secuestraron abundante evidencia: armas , máquinas de contar billetes, equipos de comunicación y documentación variada, ligada a las cartas de porte adulteradas que las empresas solían confeccionar.
La fiscal Orsetti relató lo sucedido al momento de ingresar a la casa particular del prófugo Arequipa; “cuando el personal entró, estaba el aire acondicionado encendido, la comida sobre la mesa aún tibia, rastros de una fuga imprevista, de la cual se destaca el colchón todo tajeado, signos de que allí escondía sus ganancias”. Se hallaron armas (una pistola 9 milímetros, una carabina con mira telescópica y cargadores) en la empresa Sergesa SRL (Paraje Sargento Alegre – Km 26, Ruta 34 – Salvador Mazza), a metros de la frontera; donde también había ocho silos, construídos como pantalla de la actividad de la firma.
Los cargamentos de granos llegaban en los camiones, siempre de madrugada y era traspasados a bolsas. Luego, en vehículos de menor porte, la mercadería salía de la empresa, para dar vuelta por una escuela vecina y, desde allí, pasar a territorio boliviano.
Como operaban
La fiscalía atribuyó a los acusados el ejercicio de maniobras ilícitas vinculadas al contrabando de granos a gran escala, a través de la frontera norte entre Salvador Mazza y Pocitos, actividad ilegal de la cual no descarta incluso la posible comisión de lavado de activos. De la estructura ilícita descripta, el prófugo Arequipa y Cisneros, a través de sus respectivas empresas (Sergesa SRL, Spray and Seeds Agroservice S.A.S, y LU.MA.CIS SRL) eran los líderes de esta organización.
En un escalón más bajo, en tanto, aparece Pedraza (gestor, coordinador y hasta representante oficial de las empresas). Según la hipótesis fiscal, trasladaban grandes volúmenes de granos hacia la frontera, en particular soja, trigo y maíz; valiéndose de cartas de porte emitidas por titulares apócrifos a nombre de Arequipa o de la empresa de Cisneros, burlanado el debido control aduanero y pasaban la mercancía a Bolivia de manera ilegal.
En una primera etapa, se coordinaba la documentación de transporte suficiente para iniciar el traslado, la que era modificada en el control ubicado en la localidad de Aguaray, gracias a los oficios de Pedraza, entre otros implicados. Luego, cambiaban el destino de la carga (redireccionándola a Klum y Exeni), y también el destinatario y empresa transportista. Asimismo, cambiaban el dominio del camión que realizaba el traslado por otro de un vehículo de menor porte (auto o camioneta), para liberar ese transporte de la mercadería trasladada.
La fiscal destacó que la mayoría de los emisores de las cartas de porte eran personas de escasos recursos, carentes de capacidad operativa, económica y financiera para desarrollar las actividades declaradas. Se presume que eran dados de alta sólo para emitir documentación de respaldo para el traslado de granos a lo largo y ancho del país (facturas, remitos y cartas de porte), utilizados para que; luego de que la mercadería arribara a la zona de frontera; en la plataforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), figure como un transporte de mercadería efectuado bajo la modalidad planta a planta para evadir las cargas tributarias pertinentes y evitar la trazabilidad de la mercadería, lo que facilitaba luego su contrabando a Bolivia.
A partir de los informes de la Dirección General Impositiva (DGI) de la ARCA, surge que; entre junio de 2022 y enero de 2024; Arequipa figura como destinatario de un total de 15.599.962 kilogramos de granos, con destino registrado a nombre de “LU.MA.CIS SRL”. Para la fiscalía queda claro que se encargaba de la compra del cereal de origen marginal, luego Pedraza gestionaba el cambio de las cartas para que la mercadería que arribara a Salvador Mazza ya no lo hacía a nombre de sus empresas ni de LU.MA.CIS. SRL; y se redireccionaban a los depósitos comerciales de Klum o Exeni, sobre los cuales, en definitiva, también tenían dominio, hecho advertido por la directora de Aduanas en una ampliación de denuncia del 30 de septiembre de 2024.
Ganancias multimillonarias
El detalle expuesto por la fiscal presentó algunas cifras de los montos facturados por las empresas de los investigados:
– Las empresas Spray and Seeds Agroservice S.A.S y Sergesa S.R.L del prófugo Arequipa: facturó 1.418.351.259,65 pesos durante el 2024
– La empresa LU.MA.CIS. SRL del imputado Cisneros: facturó 44.990.220 pesos entre mayo del 2023 y febrero del 2024, por un total de 119 comprobantes por servicios de rotura de granos de maíz y soja, tareas prestadas a Arequipa
En virtud de estas sumas y nivel de operaciones, la fiscalía calificó el caso como de extrema gravedad. Recordó que tanto Arequipa como Cisneros, aparecen vinculados; directa o indirectamente; en otros 11 legajos de investigación penal abiertos en esa sede fiscal por documentación irregular de transporte de granos. Destacó la tarea investigativa de la sede fiscal, del personal de Gendarmería Nacional, dado el grado de complejidad de las maniobras y a partir de las nuevas evidencias incautadas, en los próximos meses se debe analizar la gran cantidad de documentación secuestrada, como así también extraer información de los teléfonos retenidos.
Ante ello, solicitó la prisión preventiva de todos los acusados, dada la gravedad y naturaleza del hecho, el riesgo latente de fuga, dada la facilidad que cuentan los acusados para traspasar la frontera, lo que quedó de manifiesto con la fuga del empresario Arequipa. Asimismo, resaltó el peligro de entorpecimiento en el que podrían incurrir los imputados, en busca de ocultar a otros implicados o evitar que se descubran su participación en otras maniobras.
