La Cámara de Diputados de Salta postergó el tratamiento de un expediente que propone incorporar el artículo 31 bis al Estatuto del Educador, y así restringir los pedidos de traslados de docentes. El proyecto será analizado con los gremios docentes y la cartera educativa, antes de tratarlo en la Cámara Legislativa.
El diputado Santiago Vargas (San Martín) resaltó que el proyecto (que acompañaba) busca evitar que los docentes locales sean perjudicados por los traslados docentes que llegan peticionados desde Capital; en su mayoría. “Es una situación que se da mucho entre los maestros de Capital, que piden el traslado al interior, a una zona rural preferentemente, para aumentar su sueldo y su jubilación (…) pero se deja de lado a los locales que ya trabajan en ese lugar”, manifestó.
En consecuencia, siguió, “se relega a los docentes y además, ya que llegan de Capital al interior (Cachi, Seclantás o Rivadavia, entre los elegidos), enseguida piden licencia y entonces, se pide ubicar en ese puesto a un local, (…) es decir, todo va en detrimento de los locales (…) del 100% del presupuesto (ronda el billón de pesos), el 80 por ciento del presupuesto provincial se va para Seguridad, Salud y Educación (…) y Educación se lleva un buen porcentaje (…) se gasta en sueldos y una buena cantidad de docentes con licencia tienen que ser reemplazados todo el tiempo”, analizaba,
Se suma que el sector docente acapara la mayor cantidad de licencias solicitadas en la administración pública salteña, cuestiones “que hacen mucho ruido”. Tanto gremios como Ministerio de Educación debatirán el proyecto de reforma de la Ley 6830 y posteriormente volverán a ingresar el expediente para tratamiento en la Legislatura. La iniciativa principal del proyecto es restringir al acceso a solicitudes de traslado, salvo que resten seis años (o menos) para acceder a la jubilación ordinaria.
