El presidente de la Sede Vecinal de Villa Güemes, Víctor Bogado, declaró sorpresa ante una reunión convocada para el miércoles a la noche por parte de Ruth Herrera, coordinadora territorial municipal, a pedido de vecinos del barrio que habían denunciado irregularidades y que, por esa razón, peticionaban la renovación de autoridades. Bogado recordó que la sede vecinal tiene personería jurídica desde el año 1996.
“Hace rato que se viene hablando de cambio de comisión directiva, que se tiene que hacer porque los tiempos así ya lo piden (…) para eso hay que presentar los balances y con todo en regla, y todo se tiene que pagar, incluso para hacer una elección”, explicó Bogado. Dado que la reunión no fue convocada por la Comisión Directiva, se cedió el lugar a los vecinos y entre los presentes se impulsó la idea de una “comisión normalizadora”.
“Una comisión normalizadora lo único que puede hacer es designar personería jurídica”, recordó; requisito que Villa Güemes cumple desde 1996, y con pagos al día. “Un centro vecinal barrial sí lo maneja la Municipalidad, porque no tienen personería jurídica (…) y además, suspender una personería jurídica es muy difícil (…) como mucho puede haber una intervención por parte de Personería Jurídica, de poner un órgano de intervención, que eso ya lo pasamos”, resaltó.
Bogado ocupa la presidencia desde 2019, tras las últimas elecciones barriales. “Tenemos todos los balances, hasta el año 2023 (…) los tenemos desde el 2019 (…) y esto fue entregado una semana atrás y ahí arranca el llamado a la asamblea y para renovar la comisión”, especificó. “En el medio hay que presentar otros documentos pero a Personería Jurídica (de Salta)”, aclaró, “no se debe nada (…) por ahí la gente quería saber qué se hace (…) alguno decía que todos los fines de semana se hacían alquileres de salón”.
Sobre este punto, Bogado reveló que en Bomberos de la Policía se pidió contar con un estudio a cargo de un licenciado en Higiene y Seguridad, con visado del Copaipa, trámite que no se había realizado y con lo que se encontraron en 2021, tras la reactivación tras Covid-19. “Había que hacer mediciones, controles de luces, grifería, detalle de espacios abiertos, realizar planos (…) en 2022, todo eso rondaba los 80.000 pesos”, destacó, “y nos duró todo el 2022 para que llegue y cuando llegó, con el visado de Copaipa (…) por ejemplo, en el tinglado, debía contar con 10 matafuegos (de 5 kilos)”, completó.
Aparte, todo llamado a asamblea se publica en el Boletín Oficial de Salta cuando se trata de instituciones con personería jurídica, sin excepción, y no por parte de la Municipalidad. Otro detalle llamativo de la reunión (no asamblea), fue la presencia de la concejal Miriam Gallardo (PRO). “Me pedían que les muestre los balances (…) y a ellos no les corresponde que yo les muestre (…) sólo a socios y a Personería Jurídica de Salta”, explicó, “además, había gente que no era socia y ni siquiera de Villa Güemes”, cerró.
