El diputado provincial por San Martín adhirió al pedido de usuarios que ven inoportuno el pedido de incremento de la tarifa del agua que realiza la empresa y que el Ente Regulador debe decidir si aprueba o no. Ya en su ejercicio como edil en Tartagal, Mimessi había propuesto que el servicio se municipalizara, contrario a la gestión de Aguas del Norte y del Ente.
Mimessi dirigió una nota al Dr. Jorge Figueroa Garzón; presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos; en donde recalca que el servicio “que se presta en la región norte de nuestra provincia no satisface las necesidades de la población en términos de la calidad del agua dado que el mismo se está constituyendo en un factor nocivo para la salud y la vida de las personas“.
“Considero inapropiado e inoportuno el hecho que se autorice la petición formulada por Aguas del Norte y en forma simultánea es que solicito se evalúe la instrumentación inmediata de un mecanismo que permita el no cobro de la tarifa de este servicio a los cientos de familias que resultaron afectadas por el temporal”, en referencia a las consecuencias en el chaco salteño.
El diputado estuvo presente el pasado viernes en la Audiencia Pública en Salta; que decide la aplicación o no del aumento del 22% a la tarifa del agua; acompañado por el concejal tartagalense Matías Monteagudo.
Mientras ejerció como concejal, el actual legislador provincial presentó un proyecto de resolución, ingresado bajo Expte. 14.440/17 en donde solicitaba la rescisión del contrato de concesión a Aguas del Norte “por la mala calidad de la prestación del servicio”, rezaba en el artículo primero.
En el mismo proyecto se pedía al Ejecutivo Provincial “la remoción de la totalidad del Directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos y que en la futura conformación esté representado el departamento San Martín”.
El bloque de la UCR viene insistiendo también con la municipalización del servicio, para lo cual planteaban que debía realizarse estudios de factibilidad para poder concretarlo. Esta iniciativa data de fines del 2012, cuando se planteó la posibilidad de poder prestar servicio por intermedio de una cooperativa u otra solución “que sea permanente y que no dependa del Ejecutivo Provincial”.
