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UNESCO.- La UNESCO adoptó la resolución A/RES/68/163 en su 68ª reunión en 2013, urgiendo a los Estados Miembros a implementar medidas contundentes para hacer frente a la actual cultura de impunidad de los crímenes contra periodistas. La fecha de la jornada fue elegida como conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí el 2 de noviembre de 2013.

Esta resolución; histórica; de la Asamblea General de las Naciones Unidas condena todos los ataques y violencia contra periodistas y trabajadores en medios de comunicación. También insta a los Estados Miembros a hacer el máximo posible para prevenir este tipo de violencia y ataques, a asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia y a que las víctimas tengan acceso a los recursos necesarios para defenderse en estos casos.

El hincapié que se pone en la impunidad en esta resolución se debe a la preocupante situación vivida durante la última década, en la que más de 700 periodistas han sido asesinados por el simple hecho de trabajar para ofrecer información veraz al público y la sociedad en general.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que a través del hemisferio se ha consolidado en 2017 un patrón de agresiones que afecta el ejercicio del periodismo y que proviene tanto del crimen organizado como de autoridades y gobiernos.

En México y en Honduras, desde la reunión anterior de la SIP en el mes de abril, desgraciadamente los crímenes dejaron 10 periodistas muertos, siete en México y tres en Honduras. En lo que va del año 2017 ya son 18 los comunicadores que han caído víctimas de un crimen.

En Argentina se registró un caso de claro intento de asesinato de un periodista. En el departamento San Martín (Salta), se han contado cinco casos de periodistas que se vieron hostigados e incluso amenazados por denunciar negocios poco claros de nacionales colombianos o irregularidades en gestiones municipales.

Por otra parte, los ataques contra los medios de prensa apelando al término «fake news» o «noticias falsas» parecen ganar cada vez más espacio en la región. Detrás de esta arremetida contra la labor de los periodistas por parte de funcionarios o gobiernos hay una clara intención de desacreditar el trabajo de los informadores, especialmente cuando se trata de notas o reportes que no les son favorables.