La crisis sin precedentes causada por la pandemia ha generado importantes desafíos sociales, políticos y legales a nivel mundial. A medida que los estados de todo el mundo adoptan medidas de emergencia para abordar la crisis, es fundamental que sigan defendiendo el estado de derecho, protegiendo y respetando las normas internacionales y los principios básicos de legalidad, así como el derecho a acceder a la justicia, los recursos y los procesos en curso.
Así lo ratificó el Secretario General de la ONU, António Guterres, en unas declaraciones en las que instaba a los gobiernos a ser transparentes, receptivos y responsables en su respuesta al COVID-19 para garantizar que cualquier medida de emergencia fuera legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria. “La mejor respuesta es aquella que responde proporcionalmente a las amenazas inmediatas mientras protege los derechos humanos y el estado de derecho”, explicó hace unos meses coincidiento con la publicación de un informe de la ONU sobre los Derechos Humanos durante el COVID-19.
La crisis plantea la cuestión de cuál es la mejor manera de contrarrestar el discurso perjudicial y proteger al mismo tiempo la libertad de expresión. Los intentos generalizados de eliminar la información errónea o la desinformación pueden dar lugar a la censura intencionada o no, que socava la confianza. La respuesta más eficaz es la información precisa, clara y fáctica de fuentes en las que la gente confía.
En todo el mundo, las organizaciones de la sociedad civil han respondido al llamamiento a la acción de la ONU para abordar y contrarrestar la amplia gama de formas en que la crisis del COVID-19 puede afectar la democracia y aumentar el autoritarismo. Entre ellas cabe destacar:
– el desarrollo de la alfabetización mediática y la seguridad digital
– luchar contra la desinformación y el discurso de odio, que se han multiplicado durante la crisis
– empoderar a las mujeres contra la violencia de género, que se ha disparado en medio de cierres, cuarentenas y presiones sociales y económicas del Covid-19.
– dar a conocer los desafíos de la desigualdad y la deficiente prestación de servicios agravados por la crisis, con un enfoque específico en las necesidades y derechos de las mujeres, los jóvenes, las minorías y otras poblaciones marginadas, para ayudar a que los gobiernos rindan cuentas (ONU)
