Ex trabajadores del sector de energía reclaman que la empresa Edesa SA pague el derecho adquirido a través del Programa de Propiedad Participada, PPP, que adeuda desde el año 1996. De las 648 personas que habían adquirido participación en las acciones, hoy quedan 16. El Concejo Deliberante de Tartagal aprobó el expediente ingresado por la Agrupación de Trabajadores “Nueva Esperanza”. Una copia del proyecto será tratada próximamente en la Cámara de Diputados de Salta.
José Antequera, uno de los integrantes de la Agrupación, explicó que el reclamo; que ya lleva 30 años; busca lograr respaldo institucional de los Concejo Deliberante (Tartagal en este caso) y la Legislatura Provincial, además del ejecutivo provincial y las intendencias.
En las últimas décadas del Siglo XX, los avatares políticos, económicos y sociales provocaron que el gobierno democrático de Raúl Alfonsín finalizara antes de tiempo. Al asumir Carlos Menem, y tras acuerdos con el FMI (Fondo Monetario Internacional), se comenzó un proceso de privatizaciones en Argentina; afectando incluso al sector de energía. “Anteriormente, era Agua y Energía del Estado, después pasó a ser Dirección Provincial de Energía (…) Edesa pasa a hacerse cargo de la Dirección el 12 de agosto de 1996“, relató. Todas las empresas de servicios atravesaron la misma situación, como de igual manera las de recursos naturales y firmas bancarias.
»Imagen: gentileza Agrupación de Trabajadores “Nueva Esperanza”
La Ley de Reforma del Estado, que dio lugar a un proceso de privatizaciones y concesiones, impulsó el Programa de Propiedad Participada (PPP), ante la imposibilidad constitucional de vender propiedad del estado. “Primero buscaron un alianza societaria con proveedores de las empresas, pero los sindicatos consiguen que los socios sean los trabajadores (…) ahí nace el PPP, que no se implementa, porque el estado no lo hace“.
En toda la provincia de Salta, en ese entonces, 648 eran los trabajadores incluidos en el PPP (en Tartagal, entre 50 a 52); como una forma de neutralizar cualquier oposición a las privatizaciones y presentarlas como un proceso que traería eficiencia y ganancias que llegarían a los trabajadores con el 10% del capital accionario en acciones ordinarias Clase C, para aquellos en relación de dependencia al momento de la privatización de la empresa; medida establecida por Decreto 265/94 de Nación. “Queremos que nos paguen lo que deben, como establece el artículo 3 de la Ley 7.726 de Salta”, resaltó Antequera.
Entre las novedades más recientes, además del tratamiento y aprobación del Concejo Deliberante en Tartagal, una copia del proyecto se entregó al diputado provincial Edgar Domínguez, de manera que esperan un pronto tratamiento en la Cámara legislativa; y se agregó que impulsan lograr una audiencia con el gobernador para plantear la cuestión y que Edesa SA finalmente abone lo que se adeuda desde hace 3 décadas, teniendo en cuenta que la cantidad de acciones asignadas a cada empleado se calculaba mediante un coeficiente matemático que consideraba la antigüedad, jerarquía, ingresos y cargas de familia.
