El 6 de diciembre del año pasado, el Concejo Deliberante de Tartagal trató la iniciativa vecinal de Consulta Popular para definir si se continúa o no con el servicio a cargo de Aguas del Norte ante la grave crisis hídrica que se atravesaba. El abogado Sergio Heredia informó que intimó a que el ejecutivo municipal responda sobre el tema en un plazo de 48 horas.
Mediante carta documento, el letrado estableció un periodo de 48 horas para que el intendente Mario Mimessi establezca fechara para la consulta popular aprobada en diciembre de 2022; a la vez registrada bajo Ordenanza Municipal 2.972/22. La iniciativa establece que los usuarios del éjido tartagalense decidirán la continuidad o no de la empresa Aguas del Norte como prestadora del servicio de red domiciliario. La propuesta se aprobó de manera unánime por los ediles pero a la fecha no se estableció cuándo se concretará.
Ingresada bajo expediente N° 17.467/2023, la nota del abogado Heredia comunicaba el envío de la carta documento. Agrega también en detalle que si no se tiene respuesta pasado el plazo establecido, se iniciarán “acciones penales” por lo que se entiende como “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Adiciona que también requerirán al Concejo Deliberante fijar fecha para la consulta popular amparados bajo el inciso 13 del artículo 29 de la Ley 6.555; además de presentar el pedido de “Juicio Político” a fines de destituir al intendente Mimessi por “mal desempeño” de sus funciones.
El abogado concluye el escrito cuatro hojas recordando que si el cuerpo de concejales ignora la situación puede ser igualmente denunciado penalmente y la comisión de vecinos llevar el pedido de consulta popular ante el Poder Judicial y obtener así la sentencia para realizar el referéndum.
