Carlos Villalba, ex intendente de Salvador Mazza, fue absuelto por falta de pruebas del delito de trata de personas; mientras que un hombre y dos mujeres, administradores de bares donde se ofrecían servicios sexuales, recibieron hasta 5 años y 6 meses de prisión por facilitar la prostitución de mujeres en estado de vulnerabilidad y aprovecharse económicamente de esa situación. El veredicto se dictó el pasado 22 de abril.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta absolvió por falta de pruebas (como pidió el Ministerio Público Fiscal) a Carlos Villalba de la acusación por trata de personas con fines de explotación sexual; y condenó a un hombre, Roberto Quintián Ramírez; y a una mujer, Mercedes Baigorria, administradores del bar “Terra Nostra” (donde se ofrecían servicios sexuales que luego se concretaban en hoteles), a la pena de 5 años y 6 meses de prisión por considerarlos coautores del delito de facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación de la prostitución; en ambos casos agravados por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
En tanto, otra mujer, Viviana Nancy Gómez; empleada de “El Quijote”; recibió 5 años de prisión en grado de partícipe necesaria de los mismos delitos. El veredicto, dictado el 22 de abril, estuvo a cargo del tribunal integrado por Gabriela Elisa Catalano (presidenta), Domingo José Batule y María Alejandra Cataldi. Los juees adelantaron oralmente los argumentos de la decisión, en su mayoría similares a los de la auxiliar fiscal Soledad Cabezas, que actuó junto al fiscal general Carlos Amad (a cargo del Área de Transición). La fiscalía había solicitado la imposición de 8 años de prisión por facilitación y explotación de la prostitución.
El caso se remonta al 2013 y es anterior a la implementación del proceso acusatorio de la Unidad Fiscal Salta. El querellante del juicio fue la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), representada por el abogado Ignacio Segon. El Tribunal sostuvo que, si bien “la prostitución propia no se castiga en nuestro país, lo que se castiga es que una persona se aproveche del cuerpo ajeno, del ejercicio de la prostitución ajena para lograr un provecho propio”. Tampoco se podía registrar la conducta de promoción de la prostitución por parte de las personas condenadas, ya que las víctimas “querían prostituirse” y para ello habían acordado con los acusados.
El tribunal sí consideró acreditada la figura de “facilitación de la prostitución” en los bares, que funcionaron para la conexión con los clientes. Los jueces coincidieron con la fiscalía en que “las mujeres que llegaron al estado de prostitución, lo hicieron bajo un estado de vulnerabilidad personal, familiar y social, en el cual sus decisiones estaban condicionadas”. En el caso de Gómez, se esbozó la posibilidad de que hubiera sido víctima de violencia ejercida por Francisco “Chicho” Russo (procesado en el caso como administrador de “Él Quijote”); quien primero escapó, fue declarado rebelde, y sin embargo, apareció en la segunda audiencia del juicio (se dispuso se lo juzgue en fechas posteriores).
Russo se había ocultado entre los clientes para no ser acusado y habría obligado a Gómez a asumir el rol de encargada ante los policías. Gómez cumplía funciones dentro del local, tales como las anotaciones de los pases sexuales de las mujeres, y que su participación en la cadena delictiva fue menor, por lo cual la consideró partícipe primaria. Aparte, adelantando argumentos de la sentencia, los magistrados descartaron la existencia de una red delictiva; tratándose en sí de hechos independientes. El cierre estuvo marcado por la pretensión de las defensas, que alegaron la inexistencia de registros contables formales de los supuestos servicios sexuales y que no permitían acreditar los delitos; lo que el tribunal tachó de “absurdo”.
Absolución de Carlos Villalba
Villalba fue detenido en la casa de Marisel Llanes, también procesada y sindicada como cabecilla de las maniobras de la organización; única prófuga en el caso y con pedido de captura nacional e internacional impulsado por la fiscalía. Villalba fue detenido bajo la sospecha de haber trasladado desde Jujuy a Salta a dos mujeres que ejercían la prostitución en uno de los locales. La investigación, que incluyó el testimonio de ambas mujeres; entre otras pruebas; expuso que ese día, Villalba fue a Jujuy por llamado de Llanes (mantenían una relación sentimental), para ayudar en su traslado y el de las dos mujeres a Salta, ya que no tenían cómo regresar a la ciudad.
En el caso se estableció que Llanes y las otras dos mujeres habían viajado a Jujuy en el auto del novio de una de ellas, pero tras una discusión con el dueño del vehículo quedaron varadas. Llanes llamó a Villalba para que la auxilie y el ex intendente llegó acompañado por dos amigos. Se determinó que al ser detenido, Villalba se hallaba en estado de ebriedad. Se consideró probable que condujera y en definitiva, tampoco hubo evidencias definitivas sobre si conocía que las mujeres que llevaron a Salta ejercían la prostitución, ya que; apenas llegó a la casa de su amiga; se echó a dormir hasta que fue detenido.
Tanto fiscalía como tribunal consideraron las pruebas recolectadas “insuficiente” y no descartaron que se tratara de un “traslado benévolo”. Enumeraron que hasta hoy desconocen qué vehículo usaron, si Villalba manejaba, “si llegó ebrio, o se embriagó en la casa de Llanes. No hay pruebas que nos permitan despejar esas dudas”, e indicaron: “el dolo no está probado”.
Los bares
Quintián Ramírez y su pareja, como administradores del bar “Terra Nostra”; y Gómez, vinculada al local “El Quijote”; incurrieron en los delitos al facilitar los locales para el ejercicio de la prostitución de las víctimas, actividad de la cual también obtenían ganancias. La fiscal auxiliar identificó 8 y 13 víctimas en los dos locales y aclaró que aquellos lugares servían para la contratación y luego se concretaban en hoteles de la zona, generalmente elegidos por los clientes. La organización preveía un servicio de asistencia en caso de que las mujeres fueran víctimas de agresión.
Se expuso la numerosa documentación secuestrada en los dos locales allanados en la casa de Llanes. En su mayoría, cuadernos con anotaciones y planillas, en los que se registraban con la letra “P” los pases o servicios sexuales que hacían las víctimas, con el porcentaje de dinero que le era retenido por cada cliente. Bajo la misma modalidad, registraban la cantidad de “copas” o “tragos” que las mujeres hacían consumir a los clientes en los bares, de lo cual también recibían un porcentaje. Se rescataron más de 30 víctimas en ambos locales y el testimonio aportado por varias de ellas confirmaron el circuito delictivo, a pesar de que algunas no se reconocieron como víctimas.
Todas las mujeres atravesaban un estado de vulnerabilidad, tanto económica, como familiar y social. Todo el accionar quedó acreditado no sólo por las declaraciones testimoniales de las víctimas y los registros secuestrados, sino también por lo declarado por los testigos que participaron de los allanamientos; quienes confirmaron que en uno de los bares las mujeres vestían ropa provocativa en un ambiente de “prostíbulo”. La fiscal auxiliar indicó que en El Quijote había un cuarto contiguo en el que se cambiaban de ropa para salir con el cliente para consumar el servicio sexual, tras lo cual regresaban al local.
También secuestraron numerosos certificados de salud, en los que únicamente se hacía constar que la portadora no tenía alguna enfermedad infectocontagiosa; incluso evidencia de un sistema de multas que se aplicaba cuando no concurrían a los locales. El 15 de agosto de 2013 se allanaron en simultáneo varios locales de Salta Capital, rescatando a más de 30 mujeres, detuvieron a cuatro acusados (llevados a juicio) y otros dos implicados más; y secuestraron cuadernos de registro de los pases sexuales, dinero producido, lencería y folletos de publicidad de los servicios sexuales.
Del juicio, iniciado el 25 de febrero de este año y en audiencias semanales, declararon peritos y efectivos de la Policía Federal, técnicos de la ex AFIP y, en particular, víctimas rescatadas en los allanamientos. El caso surgió a partir de denuncias anónimas respecto a una red de “prostitución VIP” que funcionaba en determinados bares de Salta; como también de la querella de la exAFIP, ante inconsistencias en materia de gastos e ingresos de esos locales, cuyos propietarios se negaban a los controles. Se dispusieron varias tareas de campo, seidentificó a los acusados, se intervenieron teléfonos; y en una segunda pesquisa, individualizaron a otros implicados y conocieon cómo funcionaba la oferta de prostitución. (Ministerio Público Fiscal de la Nación)
