La localidad vive horas de profunda tensión tras el recrudecimiento del conflicto entre trabajadores municipales y el Ejecutivo local, encabezado por la intendenta Soledad Cabrera. Lo que comenzó como un paro por mejoras salariales derivó en un violento episodio de represión policial que dejó como saldo varios heridos, entre ellos un trabajador que perdió un ojo por el impacto de una bala de goma.
El reclamo de los empleados municipales incluye la recategorización laboral, el pase a blanco de sumas no remunerativas, el pago del bono provincial en una sola cuota y la provisión de indumentaria de trabajo, demandas que, según denuncian, no han sido atendidas por la gestión municipal.
La situación se agravó el pasado miércoles cuando efectivos policiales, por orden de la fiscal Sonia Fuentes, desalojaron el Complejo Municipal, donde se desarrollaba una protesta pacífica. La intervención terminó en enfrentamientos, con denuncias de uso excesivo de la fuerza y represión directa a trabajadores.
Delegada de UPCN en la localidad, Carla González, empleada municipal administrativa en la Dirección de Tránsito, confirmó por FM Alba que tres de los trabajadores en protestas recibieron disparos de bala de goma directamente en el rostro, ya que tienen afectados los ojos, “uno de ellos perdió un ojo”. Hoy habrá una reunión con la Delegación del Ministerio de Trabajo.
Mientras tanto, la intendenta Cabrera se encontraba en Buenos Aires participando de actos protocolares, entre ellos el homenaje a “Las Voces de Orán”, lo que generó malestar entre los vecinos y concejales, quienes acusan a la mandataria de desconocer los acuerdos salariales firmados por su propio secretario de Gobierno y de gobernar sin diálogo con el Concejo Deliberante.
El conflicto se da en vísperas de la Fiesta Patronal de Hipólito Yrigoyen, evento que también se vio afectado por la protesta, ya que los trabajadores impidieron el armado del escenario principal como medida de fuerza.
Desde el Concejo Deliberante se estima que el costo de atender los reclamos representa entre 48 y 50 millones de pesos, frente a un presupuesto municipal que supera los 4.000 millones, lo que pone en duda la voluntad política más que la capacidad financiera. La comunidad exige respuestas urgentes, diálogo institucional y garantías de no repetición de hechos violentos. Mientras tanto, el conflicto continúa latente, teñido de dolor, incertidumbre y una profunda fractura entre el gobierno local y sus trabajadores.
