El 15 de enero de 2024, 116 educadores salteños fueron notificados por el Ministerio de Educación sobre la cesantía y a partir de ese momento, comenzaron con la asistencia de abogados para revertir la situación. En medio, lograron el apoyo del Obispo Luis Scozzina; de la Diócesis de Orán; y de cada uno de los Concejo Deliberante municipales en San Martín.
El Prof. Jorge Oviedo, uno de los cesanteados, recordó que actualmente están bajo asesoramiento de letrados sobre el tema, buscando la reincorporación a sus profesiones y “mientras tanto, dos de nuestros compañeros han fallecido y no pudieron dejarles a sus familias las pensiones (…) consideramos que la cesantía es una problemática que tiene tres puertas; la primera puerta se ha cerrado, que es la del Poder Ejecutivo, que en 2024, por medio de la Resolución 013 y en 2025, por Decreto 20, deja cesantes a los docentes”, analizó. “Tenemos compañeros que precisan de la obra social y otros que necesitan asistencia y no se la están brindando”, lamentó.
A partir de eso momento, con varios recursos de consideración elevados por el grupo, reafirmaron la cesantía; motivo por el cual reclaman por arbitrariedades e irregularidades. “Siempre afirmamos que no se ha notificado por escrito mediante acta a cada uno de los docentes sobre infringir normativas y si así fuera, se debían aplicar suspensiones o sanciones, que nunca se hizo y directamente se pasó a la cesantía”, recordó. “El año pasado pedimos una reunión con el gobernador (Gustavo Sáenz) pero nunca nos atendió y su secretaria dijo que debíamos esperar tres meses para una nueva audiencia (…) sí nos reunimos con la ministra de Educación (Cristina Fiore), nos escuchó y fue viendo las cuestiones que planteamos sobre el sumario”, afirmó.
En lo judicial, “una vez que terminó lo del ejecutivo quedamos habiliados para actuar (…) hace poco logramos contar con un abogado de Salta, Luciano Camaño, quien presentó demanda el año pasado y para llegar a la sentencia tenemos que esperar al 1 de febrero de este año, cuando finalice la feria judicial, para que siga el proceso y se dé una sentencia (…) en el caso que no sea favorable, podemos apelar a la Corte Suprema de Salta y si no fuera tampoco favorable, nos queda la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, repasó. “Muchas veces hay que esperar entre 35 y 40 días hábiles para respuestas y sentencias”, señaló.
En cuanto a la tercer puerta, el legislativo, junto con docentes recorrieron los Concejo Deliberante de cada uno de los municipios del departamento San Martín (desde Salvador Mazza hasta Embarcación), logrando resoluciones y declaraciones; “insumo para que el diputado Edgar Domínguez presente un proyecto de declaración, el expediente 53.053/24, en Septiembre pero hay que esperar a Marzo, cuando comience a trabajar la Legislatura”, continuó. “Los docentes estamos bajo distintos abogados, no sé si los demás compañeros presentaron la demanda y esperamos que sí, para que los diputados por el departemento acompañen nuestro pedido”, finalizó.
