La Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas analizó este miércoles 6 de mayo el informe definitivo de auditoría sobre el concreción de obras financiadas por el Fondo de Reparación Histórica entre los años 2012 y 2019. El documento, elaborado por la Auditoría General, concluyó con una “abstención de opinión” debido a la falta de documentación en tres de las cinco unidades ejecutoras relevadas, lo que provocó fuertes cuestionamientos de los legisladores.
El análisis centró en el estado real de los proyectos de infraestructura planificados para los departamentos del norte provincial, encuentro del que participaron los legisladores Patricia Hucena, Juan Cruz Curá, Diego Cari, Eduardo Virgili y Luis Albeza, junto al auditor Marcos Segura Alzogaray (AGS) y su equipo técnico. La auditoría, iniciada en 2020 y con tareas de campo en 2021, terminó en 2025; y con un enfoque global, buscó trazar la ruta de los presupuestos asignados y distinguir entre obras ejecutadas íntegramente con el FRH, de aquellas con financiamiento parcial del Fondo y las completadas con otras partidas.
El equipo, integrado por más de 15 profesionales, auditó cinco unidades ejecutoras: Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Asuntos Municipales (hoy Secretaría del Interior), Co.S.A.y.Sa., Dirección de Vialidad de Salta y Poder Judicial; siendo las dos últimas las mejor valoradas. De las 176 obras previstas, se seleccionó una muestra de 80, que representa el 87% del monto total del préstamo, aplicando criterios cuantitativos y cualitativos.
»Auditor Marcos Segura Alzogaray (Imagen: prensa Senado de Salta)
La “abstención” de la Auditoría General
El informe derivó en una “abstención de opinión” por la “imposibilidad de validar gastos ante la ausencia de documentación clave”, como redeterminaciones (actualizaciones) de precios y avances de obra. Segura explicó que la normativa técnica obliga al auditor a abstenerse en esos casos. También aclaró que la Unidad Coordinadora del FRH, creada en 2012, no fue auditada por carecer de presupuesto propio y encontrarse disuelta de hecho al inicio del proceso.
Los legisladores criticaron este criterio, al considerar que posterga la definición sobre las Cuentas Generales de 2018 y 2019. El senador Curá cuestionó el por qué no se recurrió a la vía judicial para obtener la documentación y advirtió sobre la gravedad de obras financiadas pero no ejecutadas, como la planta de líquidos cloacales en Orán. Segura confirmó que existe una causa penal en curso para determinar responsabilidades, aunque no fue iniciada por la Auditoría.
Los legisladores coincidieron con los desacuerdos planteadas por la presidencia de la Auditoría (falta de una visión integral) y advirtieron sobre una posible “pasividad” derivada de la abstención. Segura, sin embargo, defendió el trabajo realizado y sostuvo que se tuvo en cuenta el contexto inflacionario y las redeterminaciones de precios, dentro de las limitaciones técnicas. La reunión cerró con la firma de un acta pidiendo se envíe la auditoría financiera que realiza la auditora Elsa Pereyra Maidana, enfocada en el crédito del FRH y la colocación de los presupuestos, a diferencia del informe analizado que se limitó a la ejecución de obras.
