La fiscal civil, comercial y laboral del Distrito Judicial del Norte Tartagal, Rosa Vélez Román, respondió a la Cámara de Apelaciones sobre la presentación de los empresarios Karlen sobre el plan de recomposición ambiental comprometido tras los desmontes ilegales registrados en cercanías a Fortín Dragones. El crecimiento del embargo judicial movió a los Karlen bajo argumentos de una nueva ley, que fue desestimado por la Fiscal Vélez Román. La resolución definitiva sobre esta nueva apelación quedará ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de Salta.
El Ministerio Público Fiscal de Salta exige el cumplimiento del plan de recomposición ambiental comprometido por miembros de la familia Karlen tras los desmontes ilegales registrados en el departamento San Martín desde el año 2017; más allá que la tala se descubrió en 2013. En consecuencia, en 2026, la Fiscalía demanda a la familia Karlen por el desmonte ilegal de unas 16.000 hectáreas.
El escrito reciente de la fiscal responde a un nuevo recurso de apelación presentado por los Karlen, quienes; entre otros argumentos; recurrían a la nueva ley provincial para justificar el incumplimiento y dejar sin efecto todo el proceso; sumado a que el embargo que pesa sobre la famlia (de los 171 millones de pesos iniciales) aumentó a casi 22 mil millones de pesos, actualizando valores para restaurar el bosque dañado. Para la fiscal, la nueva ley no legaliza lo ilegal, y aplica el “principio de no regresión ambiental” (las leyes no pueden servir para empeorar la protección de la naturaleza).
El desmonte ilegal más grande de Argentina
El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen se comprometió voluntariamente ante la Procuración General de Salta con un plan de recomposición ambiental sobre las aproximadamente 16 mil hectáreas de su finca, incluyendo las 11 mil hectáreas taladas ilegalmente, e integrar en esa solución a las comunidades indígenas y familias criollas asentadas en la zona; acuerdo aprobado judicialmente el 3 de diciembre de 2018.
La fiscal Vélez Román impulsó permanentemente el cumplimiento del acuerdo con intimaciones, inspecciones técnicas realizadas junto a profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección General de Bosques y el INTA, sin registrar avances en lo prometido. La causa sí registra numerosas defensas formulados por los demandados Karlen a lo largo de los años, todos rechazados por la Justicia.
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En 2015, durante el interinato del fiscal Gonzalo Ariel Vega, la Fiscalía Civil respondió diversas apelaciones contra la ampliación de la medida cautelar ambiental que recaía sobre los catastros involucrados, rechazándose los cuestionamientos. Los empresarios no pagaron los astreintes (multa diaria) y se opusieron al embargo de sus bienes; y todos los pedidos de nulidad al respecto les fueron rechazados.
Para 2016, la entonces fiscal Griselda Beatriz Nieto sostuvo la ampliación frente a nuevas defensas de los Karlen, entre ellas excepciones de falta de legitimación pasiva, litispendencia, prescripción e impugnaciones contra los peritos, todas resueltas favorablemente para la Fiscalía. En 2018, la fiscal Vélez Román intimó nuevamente al cumplimiento del convenio y, ante la negativa, pidió imponer los astreintes; admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal en 2020.
Además, Fiscalía de Cámara a cargo de Ramiro Michel Cullen intervino en un planteo de caducidad de instancia impulsado por los empresarios, desestimado por la Cámara de Apelaciones el 27 de septiembre de 2023. En 2024, el Juzgado avanzó con la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijando 67.920.000 pesos cporrespondientes a diciembre/2023; decisión apelada pero rechazada por la Cámara Civil el 16 de diciembre de 2025.
Durante 2026, el Procurador General de Salta, Pedro García Castiella, junto con la fiscal Vélez Román, pidieron ampliar el embargo preventivo sobre los catastros involucrados, elevándolo desde más de 171 millones de pesos hasta 21.805 millones de pesos, para garantizar los recursos necesarios a una eventual restauración ambiental de ejecución forzada; pedido admitido por el Juzgado. Ante ello, los Karlen volvieron a apelar y sumaron que se deje sin efecto todo el proceso judicial, argumentando sobre la nueva Ley de Bosques.
La nueva y reciente contestación de la fiscal Rosa Vélez Román resalta que ese planteo no tiene sustento jurídico y analiza tanto la legislación nacional como provincial en materia ambiental, reafirmando la obligación de recomponer el daño. Además, destaca que la nueva ley provincial distingue expresamente los desmontes ilegales mediante una categoría específica de protección y remarca la plena vigencia del principio de no regresión ambiental, que figura tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina. (Ministerio Público Fiscal de Salta)
