La Justicia hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y amplió a más de 21.800 millones el embargo preventivo sobre dos catastros ubicados en el norte salteño, medida responde a los reiterados incumplimientos de un acuerdo de restauración ambiental firmado en 2018 tras el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo.
El Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal ordenó ampliar la medida cautelar ambiental contra Juan José y Daniel Darío Karlen, a pedido del procurador general de la provincia, Pedro García Castiella; y de la fiscal civil, comercial y laboral del Distrito Judicial del Norte–Tartagal, Rosa Vélez Román. La causa original investiga el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo en las cercanías de Fortin Dragones (departamento San Martín).
El pedido fiscal se basó en la ampliación de una medida precautoria preexistente a objetivo de garantizar el cumplimiento del Acuerdo Definitivo de Restauración Ambiental homologado en 2018. La resolución judicial elevó el embargo preventivo original (más de $171 millones sobre los catastros Nº 30.746 y 30.747) hasta los $21.805 millones. De esta forma, buscan asegurar fondos suficientes para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental.
El nuevo monto, según informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), representa el valor actualizado del costo total de restauración del ecosistema afectado. Como fundamentos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los Karlen no cumplieron a pesar del convenio homologado judicialmente. Diversos informes técnicos y relevamientos realizados entre 2019 y 2026 así lo afirmaron. Los informes del CIF indican que desde 2018 no existe evidencia concreta de restauración activa, y que persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados, a pesar de las restricciones judiciales.
Entre las irregularidades señaladas figuran: actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y ausencia de avances en la recuperación del bosque nativo.
El Juzgado consideró acreditados tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora, el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental que agravan los daños y dificultan la recomposición del ecosistema. En consecuencia, ordenó inscribir la ampliación de la medida cautelar sobre los inmuebles involucrados y se notificó a la Dirección General de Inmuebles de la Provincia para su registración.
En su presentación, el procurador general, con asistencia de la Relatoría Ambiental a cargo de Juan Sebastián Lloret, señaló que los Karlen utilizaron recursos judiciales para dilatar, demorando el avance del expediente y la ejecución efectiva de la sentencia ambiental. Advirtió, además, que el paso del tiempo agrava el daño y dificulta la recomposición del bosque nativo, por lo que resulta necesario asegurar fondos suficientes para afrontar una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración.
Antecedentes del acuerdo incumplido
El 20 de septiembre de 2017, los demandados asumieron voluntariamente el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental que debía abarcar la totalidad de la finca, extenderse por 30 años e integrar a puesteros y comunidades de la zona. Según explicó Lloret, “en ese acuerdo, firmado con la Procuración General de la Provincia, se buscaba una salida concertada de justicia restaurativa que permitiera la recomposición del bosque nativo con trabajo local e indígena, y la regularización de los ocupantes”. La intención era transitar hacia actividades agropecuarias bajo la modalidad de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), con beneficios económicos, ambientales y climáticos para la región.
Ante la posterior reticencia al cumplimiento, la Fiscal Civil solicitó la imposición de astreintes (multas por incumplimiento procesal), que fueron concedidas por el Juzgado de Primera Instancia de Tartagal, a cargo de la jueza Viviana Yance, intimando a los demandados a cumplir desde el 19 de mayo de 2020. Los Karlen interpusieron un planteo de nulidad que fue rechazado en primera instancia y luego ratificado por la Sala Segunda de la Cámara Civil, con los votos de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Aranibar.
