El Ministerio Público Fiscal de Salta, a través del Procurador General Dr. Pedro García Castiella y la Fiscal Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial del Norte Tartagal, Dra. Rosa Vélez Román, reafirma su compromiso con la investigación y el seguimiento de la causa por desmontes ilegales en la Finca Cuchuy, así como con el cumplimiento de las medidas judiciales orientadas a la recomposición del daño ambiental.
Ante la difusión de información inexacta, se precisa que, aunque el desmonte no constituye delito en Argentina, la Fiscalía Penal de Tartagal impulsó en abril de 2013 un expediente por desobediencia a la autoridad ante el incumplimiento reiterado de órdenes de paralización dictadas por la Secretaría de Ambiente y el Tribunal de Juicio, proceso que derivó en la condena de Juan José Karlen en octubre de 2015.
En paralelo, se desarrolló un proceso civil que continúa hasta hoy. En 2016, la Fiscalía Civil alertó al Juzgado sobre el riesgo de incendios y solicitó medidas preventivas. En 2017, Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen firmaron un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal para restaurar el daño en más de 11.000 hectáreas e incorporar a comunidades indígenas y familias criollas del área. El acuerdo fue homologado en diciembre de 2018, que los propietarios incumplieron reiteradamente y otras maniobras dilatorias.
El control y la investigación no recayó únicamente en la Fiscalía; participaron el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), INTA, Parques Nacionales, Secretaría de Ambiente de Salta, Universidad Nacional de Salta, FAUBA-CONICET y expertos internacionales. Esta coordinación interinstitucional, impulsada desde la Procuración General, permitió evaluar propuestas de recomposición, verificar su adecuación científica y constatar los incumplimientos. La Fiscalía realizó seguimiento con imágenes satelitales (Sentinel, CBERS-4, Landsat 8) y drones, revelando actividades agrícolas en zonas con restricciones y la presencia de rollos de palo santo protegidos, todo puesto a disposición del tribunal.
Ante las constantes dilaciones, en 2022 el Procurador General y la Fiscal Vélez Román asumieron una intervención directa y contundente, con reuniones técnico-jurídicas y co-firma de presentaciones fiscales. En 2024 y 2025 se obtuvieron fallos favorables para ejecutar la deuda por incumplimiento de astreintes, fijada en 67.920.000 pesos (diciembre 2023).
»Empresarios Karlen. La fina Cuchuy se ubica en el municipio de General Ballvián (Imágenes de archivo)
Comprobando que les resultaba más económico pagar multas que restaurar, el Ministerio Público Fiscal pidió y obtuvo este año la ampliación del embargo preventivo de 171.413.473 pesos a 21.805.106.128 pesos, cifra récord basada en un informe del Gabinete de Delitos Económicos del CIF que estima el costo de restauración. La jueza aceptó la medida, destacando que el daño afecta a toda la sociedad, los recursos naturales y sectores vulnerables, por lo que el proceso debe contar con herramientas eficaces.
La restauración no solo busca recuperar el bosque nativo y sus servicios ambientales (tarea que demandará entre 20 y 30 años) sino también proteger a los habitantes afectados, como las comunidades wichí, de modo que se subrayó la necesidad de participación e inclusión de las comunidades locales, conforme al acuerdo vigente.
Los Karlen apelaron en reiteradas oportunidades, cuestionando el embargo y pidieron la anulación del proceso, argumentando una nueva legislación provincial que permitiría desmontes. La Fiscalía replicó que la obligación de recomponer el daño es irrenunciable y no se afecta por cambios normativos. La Cámara de Apelaciones resolverá la apelación; y entre las medidas adoptadas se destacan:
– Ampliación del embargo a más de $21.805 millones (2025), para asegurar fondos para la restauración estatal ante eventual incumplimiento.
– Imposición de astreintes millonarias (2023)
– Plan integral de restauración con una proyección de tres décadas
– Posibilidad de que el inmueble pase al sistema provincial de áreas protegidas como Reserva Natural Privada, según Ley Nº 7107
La causa lleva más de una década de intervención fiscal ininterrumpida. La actitud procesal de los Karlen ha sido calificada por la Justicia como dilatoria, temeraria y reticente. Su reciente apelación, que busca anular todo el proceso, fue contestada por la Fiscalía por carecer de sustento jurídico.
El Ministerio Público Fiscal ratifica su compromiso de continuar impulsando el proceso, defendiendo el principio de no regresión ambiental consagrado en normas nacionales y tratados internacionales y ningún cambio normativo puede vulnerar ese principio. La causa sigue adelante como ejercicio soberano de defensa del patrimonio natural y social de todos los salteños. (Ministerio Público Fiscal de Salta)
