El Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación penal contra el exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, a quien atribuyen el rol de jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero de origen delictivo. El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ordenó prisión preventiva efectiva por dos meses al considerar que existían riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Martínez estaba prófugo desde el sábado 3 de octubre, cuando se realizaron 32 allanamientos en Aguas Blancas, Orán y Salta Capital; procedimientos donde detuvieorn a once personas, imputadas el martes 6 como miembros de la misma asociación ilícita. Al día siguiente, Martínez se presentó ante la Comisaría 25 de Orán y quedó detenido.
De las doce personas imputadas, ocho cumplen prisión preventiva efectiva, y las otras cuatro permanecen en libertad, sujetas a medidas de control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DECAEP). Durante la audiencia, los fiscales expusieron los resultados de una investigación que comenzó hace dos años. En la audiencia de formalización, el juez fijó seis meses para la investigación y dispuso peritajes sobre 35 teléfonos celulares secuestrados, además del análisis de documentación contable y otros dispositivos informáticos.
La investigación está a cargo de los fiscales generales Eduardo Villalba y Diego Velasco, de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (PROCUNAR NOA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), respectivamente; la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, el fiscal coadyuvante de la PROCUNAR NOA Ezequiel Coscia; y los auxiliares fiscales Jorge Viltes Monier (Procunar), y Alberto Barbuto (PROCELAC).
El rol del exintendente y la estructura criminal
El fiscal general Villalba explicó que la relevancia del caso no se limita a las modalidades delictivas investigadas: también es por la presunta utilización del municipio de Aguas Blancas para disimular el ingreso de fondos provenientes de actividades delictivas como el narcotráfico y el contrabando.
Según la hipótesis fiscal, “Conejo” Martínez (con antecedentes penales por narcotráfico) montó una estructura criminal y destinó dinero en dólares para ganar los votos necesarios y acceder a la intendencia, cargo para el que fue electo en mayo de 2023 y que asumió en diciembre de ese año. Desde esa posición, habría ampliado las actividades ilícitas de la organización, en particular las vinculadas con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando.
Para ello, habría utilizado un red de sociedades y contrataciones que funcionaban como pantallas para encubrir el origen de los fondos. La fiscalía también señaló el presunto desvío de dinero del municipio; además de la influencia que habría alcanzado para obtener “información sensible” de investigaciones que lo involucraban a él o a integrantes de la organización. Según la fiscalía, en particular de las fuerzas de seguridad, le habrían “filtrado” datos, lo que quedó de manifiesto cuando huyó durante los procedimientos del sábado.
»Fiscales y el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, durante una de las audiencias de formalización por el caso (Imagen: captura de Zoom – prensa Ministerio Público Fiscal de la Nación)
Esa influencia le habría permitido obtener resoluciones favorables del entonces juez penal de Orán Claudio Parisi, destituido el 12 de diciembre de 2024 por mal desempeño y cuyo juicio penal aún está pendiente. Las actividades de la organización continuaron incluso después de que Martínez fuera destituido como intendente en septiembre de 2024. La complejidad del caso y su desarrollo en una zona de frontera conformaron un equipo de investigación integrado por las dos procuradurías especializadas del MPF de la Nación y del Ministerio Público de Salta.
El circuito de lavado de activos
De la PROCELAC, el auxiliar fiscal Barbuto detalló el funcionamiento de la red societario que, según la acusación, se utilizaba para introducir y disimular fondos de origen ilícito, y explicó las distintas etapas del circuito de lavado (colocación, diversificación y consolidación de los fondos), describiendo el papel de los “operadores” que se ocupaban de las áreas contable y logística.
Según la hipótesis fiscal, Martínez montó la estructura criminal y destinó dinero en dólares para acceder a la intendencia, posición desde la que habría ampliado las actividades ilícitas, en particular lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando; con la participación de tres contadores (ya imputados), quienes habrían intervenido en el movimiento de dinero a través de empresas creadas o utilizadas para ese fin; incluyendo el desvío de fondos municipales.
En el área logística, la fiscalía describió el rol de otros tres imputados. Uno de ellos habría dirigido préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, mediante una carpintería que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, funcionaba como pantalla.
Los fiscales recordaron los antecedentes de Martínez:
– 2012: detenido por transportar seis kilos de cocaína (fue condenado a cinco años de prisión)
– Marzo de 2019: detenido en Santiago del Estero con 100.000 dólares cuyo origen no pudo justificar
– Diciembre de 2025: condenado por la justicia saltena a un año y dos meses de prisión efectiva por violación de secretos y entorpecimiento en la investigación del homicidio de su hermano, César “El Oreja” Martínez, cometido por sicarios en noviembre de 2023, en Orán.
Los riesgos procesales
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva para Martínez, la fiscal general adjunta Gamba Cremaschi destacó que había escapado de los allanamientos del sábado último y también señaló su capacidad económica, influencia en la zona por su ex intendencia y conexiones políticas, como la facilidad con la que podría cruzar la frontera hacia Bolivia. A criterio de la fiscalía, esas circunstancias aumentaban el riesgo de una nueva fuga o interfirencia en la investigación.
La defensa se opuso a la medida y alegó problemas de salud relacionados con operaciones en la cabeza, pero la constancia médica que presentó tenía cuatro meses de antigüedad; y en respuesta, la fiscalía aportó documentación de la clínica donde fue atendido, probando una recuperación satisfactoria. El juez Montoya hizo lugar al planteo de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva efectiva de Martínez por 60 días, al considerar que existía un elevado riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
