Tras la aprobación Ley 27.793, que elimina el carácter temporal de la emergencia, quedó establecida la “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. Entre sus principales disposiciones figuran la continuidad del Certificado Único de Discapacidad y las Pensiones no Contributivas, y establece condiciones para las auditorías, el financiamiento y la actualización de los aranceles.
El texto sancionado modifica el artículo 9 de la Ley 13.478 y establece las condiciones para acceder a una PNC por Discapacidad:
– Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD)
– Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. Los extranjeros deberán acreditar cinco años de residencia legal y continuada
– Ingresos individuales inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles
– No percibir jubilaciones, retiros, pensiones ni asignaciones incompatibles
– Aprobar una evaluación socioeconómica conforme a la reglamentación
– En caso de tener una propiedad, demostrar que constituye su única vivienda familiar
Entre sus principales medidas, mantiene la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, y el empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También conserva el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática y periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la inflación. Asimismo, garantiza la cobertura médica básica con el programa federal “Incluir Salud” y dispone que el presupuesto del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
En materia de controles, establece auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo criterios que garanticen el debido proceso inclusivo. Por último, incorpora un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la legislación. (Noticias Argentinas)



