La investigación está centrada en El Quebrachal y Joaquín V. González, localidades anteñas donde más de un 15 por ciento de la población es beneficiaria de pensiones por discapacidad. Entre los imputados hay un diputado provincial y el gerente de un hospital, acusados de integrar una organización criminal dedicada a la captación, tramitación y comercialización de pensiones no contributivas por discapacidad.
En el marco de la investigación penal que lleva desde julio de 2024, el fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, imputó el miércoles pasado a 15 personas (10 funcionarios públicos) por integrar una organización que falsificaba certificados médicos y diversa documentación para gestionar y obtener pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento de Anta, donde hay 4.305 beneficiarios, más de un 15% de la población local.
Con la auxiliar fiscal Roxana Gual, el fiscal Amad (quien destacó el respaldo a la investigación del fiscal de Distrito, Eduardo Villalba) presentó las acusaciones al juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, luego de una audiencia de siete horas de duración. El juez autorizó un año de investigacion y el registro de anotación de litis por el mismo plazo sobre los bienes de los acusados; medida cautelar para publicitar, a través de los registros públicos respectivos, sobre que dichos bienes son objeto de un litigio.
Tras reunir pruebas en dos tandas de allanamientos (26 en total), en noviembre y junio pasados, el fiscal imputó a los médicos José y Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana, y el ex gerente del hospital de El Quebrachal, Oscar Luna (no es médico sino Lic. en Comunicaciones).
Todos fueron imputados por asociación ilícita, en grado de miembro, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de deberes de funcionario público; siendo este último no imputado a quienes fueron individualizados con iniciales, ya que no desempeñaron en la administración pública.
Orellana, además de médico, es diputado provincial por el departamento de Anta. Morales, en tanto, se desempeñó como gerente del Hospital “Enrique Romero” (El Quebrachal). El cargo también fue ejercido por Blanco y Muñoz Torres, ahora propietarios; cada uno; de una clínica privada. El resto de los médicos acusados, que no ocuparon cargos públicos, también poseen centros médicos privados en Joaquín V. González. Amad expuso que emitieron certificados de salud falsos y adulteraron exámenes médicos que luego eran utilizados para tramitar la pensión no contributiva por discapacidad que paga la Anses.
El fiscal imputó con la misma calificación al ex jefe de Anses en El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar; al bioquímico del hospital Francisco Solano de El Galpón, Luciano Benjamín Esteban; y a los empleados municipales de El Quebrachal y Joaquín V. González, Manuel Rolando Córdoba, Estela Mary Romano y Luis Casares. También fue imputado el kiosquero Hugo M. (no se atribuyó el delito especial para funcionarios públicos) dado que, según explicó el fiscal, desde su comercio; sito “a la vuelta” del hospital de El Quebrachal; captaba posibles beneficiarios, falsificaba documentación con fotocopias y cargaba los trámites de las pensiones por Internet.
Los 26 allanamientos se realizaron en domicilios particulares, consultorios privados, hospitales, clínicas privadas y municipalidades, donde se recolectaron listados de personas que pagaban para que les hicieran el trámite de pensión por discapacidad (trámite gratuito), remarcó el fiscal. También secuestraron teléfonos celulares (algunos ya peritados), explicando que los datos extraídos corroboraron la hipótesis fiscal en cuanto al rol y la participación de cada investigado, a partir de los mensajes enviados entre ellos, y la nómina de los pacientes que pagaban y los que faltaban pagar.
Si bien en la audiencia trataron la situación del departamento de Anta, Gendarmería Nacional elaboró un informe detallando que unos 9.000 beneficiarios no cumplirían los requisitos (por documentación apócrifa y/o incompleta), de un total de 39.715 pensiones no contributivas por discapacidad vigentes en Salta Capital. A partir de ese dato, el impacto del fraude en torno a esas pensiones sería de 3.240 millones de pesos por mes y de casi 40 mil millones de pesos al año.
»Hospital Enrique Romero, en El Quebrachal (Imagen: prensa Gobierno de Salta)
Estructura y roles
Presentando el caso, el fiscal Amad explicó que todo comenzó en julio de 2024, cuando descubrieron irregularidades en la entrega de pensiones no contributivas por discapacidad; situación muy parecida a un caso detectado en febrero de 2023 en Taco Pozo (Chaco), que conocía por ser fiscal subrogante en la jurisdicción de Roque Sáenz Peña (Chaco), donde impulsó una causa penal que ya tiene 14 imputados a la espera de fecha de juicio, que también involucra a varios funcionarios públicos, médicos, gestores, autoridades hospitalarias y el Intendente de ese municipio.
La forma de operar era similar en El Quebrachal y Joaquín V. González (Anta – Salta). Se emitían certificados de salud falsos y adulteraban exámenes médicos que luego eran utilizados para la tramitación de la pensión no contributiva por discapacidad que paga la Anses. El circuito delictivo incluía la venta de estos trámites entre personas en extrema situación de vulnerabilidad (vendían sus animales o tomaban préstamos para pagar), a quienes negaban la atención médica en los hospitales públicos cuando querían realizarse los estudios para acceder al beneficio.
Los imputados obligaban a acudir a consultorios y clínicas de las cuales los acusados eran propietarios. Allí, los médicos imputados emitían certificados de enfermedades inexistentes (Chagas, diabetes y problemas de columna) con altos porcentajes de incapacidad laboral, ya las pensiones no contributivas deben acreditar una afectación de la capacidad laboral de un 66% o más.
Amad explicó que, en caso de ser necesario un estudio complementario, se los enviaba al bioquímico Esteban, quien usaba estudios de pacientes con las enfermedades que encuadraban en los requisitos para intercambiarlas con las de las personas sanas. Aquí, el kiosquero Hugo M. alteraba los membretes de los recetarios y enviaba pacientes para los médicos a fin de que se realizaran los estudios apócrifos necesarios. El fiscal expuso una comunicación en la que M. se dirige a Morales: “Hola, doctor. Ahí te mando un análisis; supuestamente son de diabetes. Quería saber si están bien, si así son los análisis de diabetes. Avisame. Era para yo poder cambiarle el nombre, para una parienta mía ahí, para que cargue la auditoria”.
En otra comunicación, se lo captó en conversación con un cliente, a quien indicaba fuera a ver al médico José B.: “Él te va a vender el informe con el electro; está cobrando setenta y ahí te venís y yo te encargo los análisis de Salta, que están sesenta, y ahí ya completás”. Al respecto, el fiscal marcó el rol de Salazar (jefe de Anses en El Quebrachal), pieza clave en la estructura criminal, ya que (de acuerdo con la imputación) era quien facilitaba al kiosquero el blanqueo de claves para el acceso al sistema del organismo. Así, el kiosquero cargaba la documentación obligatoria (falsa), para que se gestionaran las pensiones por discapacidad, a partir del listado de personas proporcionado por Romano, Morales y Blanco.
Luna, sin ser médico, desempeñó como gerente del hospital de El Quebrachal desde 2017 a 2025. Su rol fue fundamental, ya que firmaba; con la matrícula del médico Morales; el “certificado médico oficial” (CMO), donde consignaba los requisitos indispensables como el diagnóstico y el porcentaje de discapacidad para recibir la pensión no contributiva. Aquí, el fiscal expuso el informe elaborado por la Gendarmería Nacional, realizado a pedido de la fiscalía, consignando el perjuicio económico para el Estado.
Amad señaló que este paso era considerado el más importante previo a elevar el pedido a la Anses, donde intervenían otros actores como Salazar y, luego, el área de Acción Social de la Municipalidad donde trabajaba Romano; quien reclutaba a interesados en recibir las pensiones no contributivas pero que no cumplían los requisitos legales y también era el nexo directo entre dirigentes políticos como Orellana, los médicos Morales, Blanco y Muñoz Torres, y personal de la Anses.
Romano recopilaba la documentación (copia del DNI y el informe negativo de Anses), asegurando que los aspirantes no contaban con otro beneficio, y garantizaba el trámite con éxito si cada uno pagaba; en efectivo o transferencias por arriba de los 300 mil pesos. En otros casos, el costo, ya sea de obtención o renovación, podía llegar hasta 1 millón de pesos, lo que llevaba a que personas beneficiarias, de escasos recursos, tomaban préstamos o vendían algún bien o animales.
Además, durante su gestión como intendente de Joaquín V. González entre 2007 y 2011, el actual diputado Orellana firmó trámites de personas que no cumplían los requisitos y que así accedieron a beneficios que siguen vigentes. Incluso, en época electoral, ofrecía pensiones a cambio de votos a familias completas cuyos integrantes no padecían una enfermedad invalidante. Citó el caso que derivó a la Unidad Fiscal Salta el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo de Guillermo Marijuan, con toda una familia que tiene pensiones por discapacidad sin cumplir requisitos, con el diagnóstico del médico Julio O. y el aval del intendente Orellana.
También reseñó el expediente de una persona de 32 años que actualmente trabaja como empleada doméstica, a quien Orellana validó un diagnóstico de un 97% de discapacidad. En las entrevistas realizadas por la fiscalía durante la investigación del caso en esos municipios corroboraron que dirigentes políticos visitaban los parajes y ofrecían pensiones, indicaban a qué clínicas debían ir, con quiénes debían hablar en la Anses y a quiénes llevar directamente los papeles en la municipalidad, a cambio de dinero.
