Los concejales se reunieron esta semana en dos oportunidades y a ninguna de las citas acudió el intendente Jorge Prado para realizar su descargo y legitima defensa. El dictamen final de la Comisión Investigadora en relación a la Resolución 1.215 se emite este viernes 17 de julio.
Sandra Fernández, vicepresidente 2da. del Concejo Deliberante, recordó que la Comisión Investigadora se reunió el día 14 y ante la ausencia del intendente, se convocó a un cuarto intermedio hasta hoy viernes 17, a las 18 horas.
Este 17 de julio se cumplen los 30 días hábiles e improrrogables para que la Comisión establezca el dictamen. En sesión especial, entonces, tratarán el Juicio Político por mal desempeño de funciones al ejecutivo municipal.
“Seguimos con la misma división entre concejales; cuatro votos que aprueban el Juicio y tres votos que no; y no llegamos a los cinco que necesitamos, ayer el oficialismo reiteraba que apoya a Prado (…) como dice la Carta Municipal en el artículo 35, nosotros estamos por el Juicio Político por mal desempeño, mientras que el intendente está imputado por la Justicia Federal”, recordó la edil.
Enrique Prado; según lo que determinó la Comisión Investigadora; tiene una situación comprometedora para un juicio político fundamentada en tres puntos: firmó una resolución municipal (la 1.215/19) sin que el Concejo Deliberante la tratara en sesión; en segundo lugar, no contaba con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación y por último, la Resolución Municipal 1.215/19 registra la rúbrica de Prado y Marcelo Céspedes; secretario de Hacienda.
“Esa tarea no le compete al secretario de Hacienda sino al secretario de Gobierno (Ramón Ferreyra)“, aclaró, “si no se aprueba el Juicio Político, toda la investigación y el trabajo que hicimos estos 30 días será remitido a la Justicia Federal, a la Cámara de Diputados, a la Corte de Justicia de la Provincial, al Gobierno de Salta; para que en el caso de Diputados (…) vean si continúa o no la intervención”, siguió Fernández.
Como imputado por la Justicia Federal, con la intervención que impulsa el diputado provincial Villa, Aguaray vive “una crisis institucional y retrocede cada vez más (…) no hay nada acá, está abandonado y queremos justicia para Aguaray”.
De no reunir los votos necesarios, Prado evitaría el juicio pero continúa su imputación por fraude al estado ante la justicia federal, mientras que por el lado de la provincia, entre la elevación de todo el informe y el tiempo de análisis que insume, la respuesta llegaría entre 60 días y antes de fin de año.
“Hemos sabido por mensajes de la gente de los parajes que se los llama a presentarse hoy ante el Concejo Deliberante en apoyo o si no pierden el beneficio que tienen”, denunció por último la edil, “eso ya es lo último que pueden hacer, sobrepasa sus límites”.
