La disputa política en Tartagal se reavivó tras el dictamen de la Auditoría General de la Provincia (AGP) sobre el Ejercicio 2020, correspondiente a la gestión del exintendente Mario Mimessi. En el centro de la controversia aparece la respuesta del diputado provincial Matías Monteagudo, en sus redes, quien salió a rechazar las acusaciones con una consigna clara: “Basta de humo”.
La controversia se intensificó con los cuestionamientos de sectores de la oposición municipal y la respuesta del mimessismo. El diputado provincial por el departamento San Martín, Matías Monteagudo, salió a contestar esas acusaciones y negó que el informe habilitara hablar de presuntos desvíos o faltantes de fondos.
Sectores vinculados al actual gobierno municipal y medios locales centraron la atención en que el Colegio de Auditores recomendó al Concejo Deliberante de Tartagal observar la Cuenta General del Ejercicio 2020. El informe técnico detectó problemas en los controles y en la registración de gastos y recursos. Entre los puntos más destacados figuran un excedente de recaudación de 6,1 millones de pesos que no fue incorporado formalmente al presupuesto, documentación faltante en el programa Tartagal Trabaja (planilleros) por más de 20 millones de pesos, y deficiencias en la actualización del inventario de bienes inmuebles.
Desde la gestión anterior, la lectura fue distinta. Bajo la consigna “Basta de humo”, el legislador Matías Monteagudo sostuvo que el informe final de la Auditoría había sido presentado y aprobado técnicamente en dos instancias. Remarcó además que las observaciones de la AGP son de carácter administrativo y procedimental y que, según su interpretación, no implican por sí mismas la existencia de fondos faltantes ni de delitos contra el patrimonio.
El informe abrió una discusión con dos lecturas claramente enfrentadas en el ámbito político local, por un lado la mirada de la actual gestión que considera que las deficiencias en los controles internos y la falta de documentación respaldatoria son motivos suficientes para que el Concejo Deliberante formule un apercibimiento. Para este sector, mantienen peso los puntos que la AGP dejó vigentes luego de los descargos presentados por el municipio.
Desde ese sectorsepone el acento en que 17 de las observaciones preliminares fueron levantadas durante la etapa de descargos. Desde este espacio sostienen que la auditoría concluyó con la aprobación de la rendición y rechazan que el informe permita hablar de malversación o desfalco.
La discusión, en definitiva, no gira tanto en torno a la existencia del informe como a cómo se interpreta su resultado. Mientras la gestión actual destaca las observaciones y las falencias administrativas señaladas por la Auditoría, el sector que responde a la gestión anterior insiste en que la aprobación del ejercicio impide equiparar esas observaciones con un faltante de dinero o una irregularidad financiera.
