Los legisladores debatirán el proyecto de ley que establece una contribución extraordinaria sobre las ganancias bancarias, las altas rentas y la gran propiedad de la tierra. La iniciativa plantea que los fondos obtenidos se direccionen al ámbito sanitario, económico y social para mitigar las consecuencias de la pandemia del Covid-19.
Si bien el proyecto aboca una forma de abordar la crisis por coronavirus; “una crisis sin precedentes”; el diputado reconoció que será difícil que sus pares aprueben el mismo, “habrá mucha resistencia (…) el oficialismo planteó lo mismo a nivel nacional, pero el único proyecto que se tratará es el nuestro”.
“Necesitamos fondos para que cada familia pueda quedarse en casa y cuidar su salud (…) si no, el planteo de quedarse en casa para los sectores más pobres, es inviable, no se puede cumplir“, marcó Del Plá.
El proyecto propone que se cobre una tasa progresiva a los propietarios de más de 5.000 hectáreas o los patrimonios mayores a 100 millones de pesos. “Solo 70 propietarios concentran la mitad de tierra fértil en Salta, resultados que se desprenden del último Censo Agropecuario, que son más de dos millones de hectáreas (…) hablamos de grandes riquezas y fortunas”, resumió.
Agregó el legislador que el impuesto que abonan en provincia “es un chiste”, remarcando que “no llegan a 2 pesos de cada 1000 de los ingresos totales del estado provincial (…) han acumulado enormes privilegios a lo largo de los años”.
De aprobarse el impuesto, significaría una recaudación de miles de millones de pesos, que por hoy sería difícil calcular sin disponer de más datos, que maneja el Estado. “Planteamos que se pague al valor de mercado de la tierra, no el valor fiscal que es un valor mínimo (…) es muy difícil de cuantificar, pero son varios miles de millones de pesos”.
“Un puñado de no más de 70 propietarios que concentran 2.200.000 hectáreas, la mitad de la tierra productiva de la provincia, conforme lo estableció el censo agropecuario del 2018 ó los bancos como el Macro que acumulan ganancias récord y que, al amparo de los negocios con el estado, pasaron del lugar número 15 en el ranking de bancos privados, al primer lugar”. Es decir que, en promedio, cada uno de los 70 posee más de 30.000 hectáreas.
“Mientras en el gobierno se discute un nuevo hipotecamiento de la provincia y se continúa con el pago de una deuda que este año se llevará 9.600 millones y es completamente fraudulenta, nuestro proyecto va acompañado del planteo del no pago e investigación de la deuda provincial que entre otros está compuesta por el escandaloso negociado del llamado “fondo de reparación histórica”.