Gabriel Espinoza, referente de la comunidad qom «Mujer Toba», encabezó una protesta esta mañana ante la Inmobiliaria Rivadavia al frente de 50 personas, denunciando hostigamientos que buscan quitarlos del lugar que hoy ocupan a la vera de Ruta 86. Desde la inmobiliaria aseguran que el lugar tiene dueño y proyectos parados debido al ocupamiento ilegal.
La comunidad se ubica sobre Ruta Nacional 86, a tres kilómetros del cruce con Ruta 34. Mientras duró el reclamo, personal de la Dirección Municipal de Tránsito cerró el paso sobre calle San Martín desde Avenida 24 de Septiembre hasta Coronel Vidt.
Para apaciguar la protesta de los originarios, el jefe comisario Mario Alberto Zacarías medió ante fiscal penal Rafael Medina en Ciudad Judicial, con el fin que dos representantes fuesen recibidos y plantear así la situación. El problema tiene larga data y no registra demasiados avances en relación, ya que inició con la madre del dirigente Espinoza.
«Ellos van a la comunidad a decirnos que nos tenemos que ir y así como van a nuestra comunidad nosotros venimos acá», remarcó. «Cuando comenzó el relevamiento de Nación para las comunidades, nadie apareció para decirse dueño (…) y ahora aparecieron hasta bolivianos a decir que tienen cortadas (ladrilleras) por ahí. Dejaron los terrenos un desastre».
«Ya tenemos el relevamiento de parte de Nación del terreno, ahora tenemos que hacer el informe técnico y recién ahora nos quieren sacar (…) quiere el terreno que arreglamos nosotros para meter a su gente», señaló contrariado el dirigente hacia el profesor Delgadino, encargado de la inmobiliaria.
Por su parte, Delgadino explicó que los terrenos que los qom reclaman tienen dueño y proyectos a ejecutarse que no pueden llevarse a cabo por la ocupación de la comunidad. «Hice la denuncia correspondiente en base a los títulos que poseo, a los impuestos que pago y toda la documentación pertinente (…) las denuncias que ellos hacen no son fuertes ni débiles, son imprecisas e ilegales».
Delgadino aseguró que la comunidad toba no posee título de propiedad, tan solo personería jurídica. «Jamás a venido nadie del IPPIS (…) tampoco del INAI a pesar que se los ha invitado», remarcaba. Agregó que el predio; que consta de una extensión superior a 400 hectáreas; no solo está ocupado ilegalmente por las comunidades, sino también criollos y aserraderos.
