»Imagen ilustrativa

Diario Judicial.- La Corte de Justicia de Salta estableció el presupuesto para el ejercicio 2020, el cual asciende a 4.628.275.455,49 pesos. Para Tartagal, contempla la habilitación del juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia, y el Juzgado de Garantías 3. 

De este modo, los jueces del Alto Tribunal provincial realizaron las estimaciones pertinentes en las partidas presupuestarias para habilitar el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial, Laboral y de Personas y Familia con asiento en Cachi, creado por ley 7885. 

También está prevista la habilitación del juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia, y de Violencia Familiar con asiento en la ciudad de Embarcación, incluido en el Distrito Judicial de Tartagal. 

En cuanto al Distrito Judicial del Centro, la Corte salteña prevé habilitar la Sala VIII del Tribunal de Juicio y los Juzgados del Trabajo 7 y 8. Además se integrará la Cámara de Apelaciones del Trabajo, según lo dispuesto en la ley 7998.

»Ciudad Judicial Tartagal (Imagen: archivo)

En Tartagal serán habilitados el segundo juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de Tartagal y el juzgado de Ejecución y Detenidos, que también se creará en Orán.  En Metán se habilitará la Sala I del Tribunal de Juicio; mientras que en el Distrito Judicial del Sur, circunscripción Metán, como en los de Orán y Tartagal, serán habilitados los Juzgados de Garantías 3. 

Se integrarán un total de 19 juzgados de Paz Letrados, como también la Oficina de Gestión de Audiencias en toda la provincia. Esta última coordinará las audiencias a realizar por los Tribunales de Juicio y los Juzgados de Garantías actuando como jueces unipersonales.

El presupuesto también estipula la adecuación de la infraestructura de inmuebles e instalaciones, que permitirá garantizar, según explicaron desde el Poder Judicial, el funcionamiento del servicio de justicia en sintonía con el incesante crecimiento de la demanda de la sociedad. 

Los jueces del Tribunal señalaron que el desarrollo informático planificado de las oficinas judiciales «constituye un elemento esencial en la política de gestión judicial», pero ante difícil situación económica, se incluyeron «sólo las previsiones presupuestarias indispensables para su mantenimiento y continuidad».