El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (ENRESP), Carlos Humberto Saravia, presentó una denuncia penal ante el Procurador General de la provincia contra el diputado provincial Daniel Alejandro Segura. La acusación solicita formalmente una investigación por cuatro delitos graves: coacción agravada, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y omisión maliciosa en la declaración jurada de bienes.
El conflicto se originó tras una controversia por la sobrefacturación de energía eléctrica por parte de la empresa EDESA S.A. en el municipio de General Güemes. El ENRESP dictó resoluciones para proteger a los usuarios afectados y aplicó una multa de 238 millones de pesos a la prestataria, lo que desató críticas públicas por parte del legislador hacia las actualizaciones de tarifas del organismo regulador.
La tensión escaló cuando Saravia mencionó públicamente que la familia del diputado, propietaria de una cadena de supermercados, aumentaba los precios por inflación mientras el legislador cuestionaba las tarifas. En respuesta, según la denuncia, Segura se presentó en el despacho de Saravia y profirió amenazas y coacciones, advirtiéndole que impulsaría su destitución y juicio político si no se retractaba en los medios de comunicación.
Paralelamente, la denuncia expone un presunto conflicto de intereses y corrupción. El titular del ENRESP reveló que el diputado Segura posee el 25% de las acciones de la empresa contratista “C&S”, firma que actualmente ejecuta obras públicas financiadas por el Estado en General Güemes, lo cual resulta estrictamente incompatible con su cargo legislativo actual.
Finalmente, Saravia fundamentó su presentación en la obligación legal que tienen los funcionarios públicos de denunciar presuntos delitos contra la administración del Estado. El caso ha sido derivado a la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), la cual se encargará de investigar el entramado de obras, las declaraciones patrimoniales y las presiones denunciadas.
