Este martes 23 de septiembre, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta comenzó el juicio contra 12 personas acusadas de integrar una organización delictiva que facilitaba el contrabando de importación de mercadería, entre julio de 2024 y agosto del año 2025. En el caso interviene la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, a cargo del fiscal Marcos Romero.
Los imputados montaron una “Aduana paralela” a orillas del río Bermejo (Orán) y cobraban tasas por vehículo y bulto de mercadería, con servicio de seguridad, puestos de comida y gomones de carga. Se calcula que, entre julio de 2024 y 2025, tuvieron un movimiento económico que rozó los 3 mil millones de pesos.
Los acusados son José Luis Segundo Suárez, Francisca Milagro Cardozo, Jorge Miguel Cardozo, Carmen Janette Cardozo, Gladys Gloria Salazar, Pedro Abel Del Rivero, María Fernanda de los Ángeles Segundo, María Rosa Basco, Viriginia Ayelén Orellana, María Laura Tintilay, Cintia de los Ángeles Gutiérrez y Benito José Cardozo. Además, la fiscalía tiene otros tres imputados, detenidos posteriormente a la elevación a juicio del caso. Entre ellos, está el presunto jefe de la organización, detenido el 8 de agosto pasado en Bolivia.
El debate
El tribunal está integrado por los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci. El fiscal Romero acusó a cada uno de los imputados por la investigación preliminar iniciada el 26 de mayo del 2025 a partir de indicios vinculados a una actividad ilegal en la finca conocida por el nombre de “Carina”; propiedad de dos catastros, ubicada a dos kilómetros de de Aguas Blancas, a la vera de la ruta nacional 50, cuya parrte posterior desemboca en el río Bermejo, limite natural con Bolivia.
El fiscal expuso que los acusados integraron un grupo organizado permanente, estable y con división de roles, cuyo objetivo era el contrabando de importación de mercadería procedentes del país limítrofe, una actividad ilegal de la que se valieron para obtener “una importante ganancia económica”, por lo cual montaron una “Aduana paralela” en la finca, dividida en dos parcelas.
»Allanamiento en 2025. La Dirección General de Aduanas incautó mercaderías que habían ingresado ese mismo día (Imagen: prensa Gendarmería Nacional)
La primera comenzaba en la ruta 50, adquirida el 10 de febrero del 2025 por Gladys Salazar, quien la compró por 20 millones de pesos a su hermano, Alfredo. La otra parte estaba a nombre de Blanca Cortez, pero materialmente ocupada por la familia Cardozo desde hacía años. Este segundo inmueble era clave para la logística criminal, por contacto directo con la costa del río Bermejo, punto por el cual arribaban los gomones provenientes de Bolivia con la mercadería de contrabando.
Estructura delictiva
El fiscal detalló que desde la costa se realizaba la carga inicial y luego los vehículos subían por el camino interno hasta el acceso a la ruta nacional; ya que los predios están unidos por un camino que fue habilitado y mantenido clandestinamente por los acusados. Sobre este escenario, implementaron incluso puntos de cobros donde cobraban por cada vehículo y cantidad de bultos transportados.
En base a la investigación, el fiscal explicó que determinaron un movimiento aproximado de trescientos vehículos por día y un ingreso económico diario cercano a los tres millones de pesos, provenientes exclusivamente de la actividad ilegal. Un informe aportado por la División Aduana de Orán (ARCA-DGA) calculó que los movimientos económicos ascendían a 2.975.392.851,56 pesos.
La organización delictiva operaba en subgrupos, cada uno con roles determinados que permitieron una actividad ilegal y que la fiscalía tuvo que desplegar una investigación minuciosa, con tareas de campo e inteligencia, para poder reunir las pruebas necesarias; tarea a cargo de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Orán de Gendarmería Nacional, con intervenciones telefónicas y el uso de un “agente revelador”, clave para confirmar la actividad ilícita desplegada por los imputados.
El allanamiento del 4 de agosto pasado a la finca detuvo el accionar de la organización y se aprehendieron también a 11 de los imputados, secuestraron numerosas evidencias, y además establecieron la clausura de la propiedad. Concluido su alegato de apertura, las defensas realizaron los suyos, tras lo cual el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el martes 29 de septiembre. (Ministerio Público Fiscal de la Nación)
