Mientras que el gobernador Juan Manuel Urtubey asegura estar “molesto” por el traslado del Radar de General Mosconi, el diario Ámbito Financiero publicó el lunes que el movimiento del mismo se llevó a cabo bajo directivas nacionales y que será devuelto a la zona, muy posiblemente, este 28 de julio. Toda la operación de traslado estuvo a cargo del primer teniente Jorge López, militar a cargo de la estación en el norte, bajo Decreto N°228.
Ámbito Financiero resaltó lo peligroso del movimiento que desprotegió una zona clave, y ruta de ingreso del mercado ilegal de drogas.
El Radar fue movilizado el pasado 10 de julio y recién volverá a su lugar de origen el 28 de julio próximo, anoticiaba el diario. El movimiento del equipo fue avistado casualmente por un grupo de trabajadores, y denunciado por Pablo Kosiner el viernes último. Por esto, legisladores de Salta y Nación reclamaron su devolución.
El equipo es uno de los seis que construyó el Invap con tecnología e industria nacional, denominado Radar Primario Argentino (RPA); tiene un alcance de 400 kilómetros y fue diseñado especialmente a requerimiento de la Fuerza Aérea para ser movilizado en avión.
Se había instalado en el aeropuerto general Mosconi a 7 kilómetros de la ciudad de Tartagal y comenzó a operar a mediados de marzo pasado.
El militar a cargo de la estación militar en el norte, el primer teniente Jorge López juntó a sus hombres de la guarnición para así desmontar el equipo que fue movilizado por tierra hacia la zona militar del aeropuerto El Plumerillo que, pese a su estratégica locación y las millonarias renovaciones, que no cuenta con un radar apto para detecciones a larga distancia y para el control de las aeronaves militares que también se asignaron para protección de la Cumbre de presidentes del Mercosur.
El despliegue en Tartagal se cumplió con la puesta en vigencia del Decreto N°228 que declaró la emergencia de seguridad pública en enero de 2016 y el lanzamiento del Operativo Fronteras.
La decisión de Mauricio Macri tenía el objetivo de revertir la situación de peligro colectivo que implican el crimen organizado y los delitos complejos como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y la trata de personas.
