Nuevo Diario de Salta.- En una audiencia histórica, el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, logró ayer la imputación de una primera tanda de funcionarios públicos que accedieron ilegalmente al beneficio del IFE, un subsidio destinado a personas de extrema vulnerabilidad.
Las imputaciones, formalizadas en una audiencia que se extendió por más de tres horas, fueron solicitadas por el Fiscal Federal, Ricardo Toranzos y recayeron en 17 concejales y un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Al presentar el caso, el fiscal expuso elementos de pruebas contundentes en contra de los 18 acusados. Dada la magnitud del caso; tanto por la cantidad de imputados, la investidura de los mismos, sus lugares de residencia, como así también de sus defensores y, en especial, el contexto de pandemia reinante; el fiscal resaltó la labor y profesionalismo de los responsables de la Oficina Judicial de Salta, quienes tuvieron a cargo la coordinación técnica de la audiencia.
Acto seguido, y luego de los trámites de rigor supervisados por el juez federal de Garantías; Julio Bavio; el fiscal Toranzos sostuvo que la investigación se inició a partir de una noticia criminis, la cual fue difundida el 23 de julio y hacía referencia a la investigación de periodistas de la radio FM Noticias, la que puso en evidencia el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia por parte de distintos funcionarios públicos, la mayoría concejales del interior.
En función de ello, se llevó adelante diversas diligencias tendientes a verificar tal revelación, para lo cual se requirió informes a la oficina central de ANSES, organismo que entregó un detallado reporte de las personas que habrían cobrado el IFE de manera irregular.
Luego, se solicitó al juez de garantías interviniente, una segunda diligencia que permitió a los investigadores del Área de Casos Complejos y No Penal, verificar en las mismas oficinas de la ANSeS el camino virtual que realizaron los sospechados en busca del IFE.
Refirió otras pruebas producidas, entre ellas cotejos requeridos a la AFIP respecto a los ingresos de los acusados y sus empleadores, como así también señaló que aún se encuentran pendientes otras medidas de pruebas las que, una vez concluidas, permitirán conocer más detalles de los trámites realizados por los imputados.
Resaltó también la importancia del IFE, el cual fue puesto en vigencia a partir del decreto de Necesidad y Urgencia 310 de 2020, el cual habilitó el pago excepcional de un monto de 10 mil pesos para personas que, debido a la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, habían sido afectadas por las medidas sanitarias adoptadas por tal motivo.
El mismo decreto, y las reglamentaciones posteriores pusieron la responsabilidad del pago de dicho beneficio, como del respectivo control en la ANSeS, organismo que, a su vez, dispuso en detalle quiénes serían los beneficiarios, los requisitos, el trámite del mismo y el medio de pago.
Toranzos indicó que la disposición del beneficio estaba claro; sin embargo, los acusados, lejos de cumplir con el juramento realizado al asumir en la función pública, se aprovecharon de este beneficio, el cual cobraron, en muchos casos, en dos ocasiones.
Señaló que las pruebas producidas dejaron en claro no solo los trámites que realizaron, sino el medio por el cual cobraron irregularmente tal beneficio sin importarle que tal subsidio, que significó un desprendimiento importante de los fondos del Tesoro Nacional, estaba dirigido en realidad a las personas más vulnerables.
Al identificar uno por uno a los imputados, el fiscal señaló el medio de pago por el cual los acusados percibieron los pagos del IFE, como así también señaló el sueldo que percibía cada uno de ellos, sumas que oscilaban entre los 20 y 60 mil pesos, siendo el mayor empleador la Provincia.
“Se trata de un hecho repudiable desde todo punto de vista”, destacó el fiscal. En función de ello, Toranzos solicitó que los acusados, sean imputados por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, como así también solicitó un embargo para cada uno por la suma de 100 mil pesos a fin de cubrir los daños causados y las costas del proceso.
No obstante, el juez Bavio, resolvió, a partir de pedidos de las defensas, que el embargo sea por la suma de 60 mil pesos, como así también requirió de cada imputado el compromiso de no entorpecer el proceso penal, ahora, en curso.
Un caso sólido
Al momento de resolver los distintos planteos, el juez Bavio dispuso la imputación de los acusados tal como lo requirió la fiscalía, pues consideró que el caso presentado es bastante “sólido y provisto de numerosa prueba documental”.
De esta manera, el magistrado dio un fuerte respaldo a la investigación realizada por la fiscalía. Bavio señaló que las defensas, en ningún momento, objetaron los argumentos expuestos por el fiscal.
Muchos de los acusados, en tanto y a través de sus defensas, informaron que ya restituyeron el dinero percibido a través del IFE. Uno de ellos, por ejemplo, señaló que el trámite fue realizado por su ex pareja, sin su consentimiento, por lo cual al tomar conocimiento del cobro del mismo, decidió adquirir mercadería que entregó a un comedor.
Los imputados
1. Jesús Ernesto Cuellar, concejal de Urundel.
2. Luis Carlos Coronel, concejal de El Carril.
3. Paola Sandra Cantarella, concejal Pichanal.
4. María Del Valle Torres, concejal de Rivadavia banda Norte.
5. Fernando Leandro Gerónimo, concejal de Payogasta.
6. Gabriela Elizabeth Cazón, concejal de Aguas Blancas.
7. Franco Marcelo Córdoba, concejal de San Antonio de los Cobres.
8. Melisa Mónica González, concejal de San Lorenzo.
9. Luis Alberto Hosel, empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
10. Marta Beatriz López, concejal de Orán.
11. Ricardo Alberto Díaz, concejal de Colonia Santa Rosa.
12. Nicolasa Maraz, concejal de Los Toldos.
13. Nancy Valeria Quiroga, concejal de Santa Victoria Oeste.
14. Jimena Antonieta Ordóñez, concejal de Aguaray.
15. Javier Hector Chauqui, concejal de Angastaco.
16. Alexandra Ludmila Borujow, concejal de El Quebrachal.
17. Héctor Rogelio Fernández, concejal de El Quebrachal.
18. Ninfa Noemí Rojas, concejal de El Quebrachal.
