El gobernador Gustavo Sáenz determinó vetar los artículos 3° y 4° de la recientemente aprobada Ley 8.376, luego de una serie de consultas realizadas a diferentes organizaciones del ámbito empresarial, sindical y social; con el objetivo de garantizar la convivencia, equilibrar derechos, en un marco del pleno ejercicio de las garantías constitucionales, se informó oficialmente desde el ejecutivo provincial este viernes por la tarde.
Se confirmó así el veto parcial a la ley sancionada el 1 de junio por ambas Cámaras Legislativas y que fuera impulsada por dos diputadas. Con las observaciones parciales realizadas mediante Decreto N° 360, la ley ya promulgada conciliará el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de peticionar pacíficamente ante las autoridades, del uso del espacio público, garantizando la libre circulación, la preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas.
Con esta medida tomada hoy por el Poder Ejecutivo Provincial, y luego de las consultas realizadas a diferentes organizaciones del ámbito empresarial, sindical y social, se garantiza la convivencia social en un marco de pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y Provincial, asegurando que cualquier ciudadano salteño pueda peticionar individual o colectivamente ante las autoridades, sin afectar el derecho a la libre circulación de los demás.
Las precisiones fueron dadas por el ministro de Seguridad y Justicia Marcelo Domínguez. Enfatizó que el Gobernador hizo uso de esta facultad constitucional, preservando el orden y la paz social, con el respeto de los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de peticionar pacíficamente, del uso del espacio público y la libre circulación. (Gobierno de Salta)
