La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, continúa al frente de la investigación iniciada por un presunto delito de contaminación ambiental vinculado a un antiguo pozo petrolero ubicado en el área Lomas de Olmedo. Esta pesquisa puede seguir su curso luego de que el Juzgado de Garantías rechazara diversos planteos de la defensa de uno de los imputados y ratificara la legitimidad de la actuación del Ministerio Público Fiscal.
Tres resoluciones judiciales respaldaron el trabajo investigativo de la Fiscalía de Pichanal (Orán) al rechazar los planteos de la defensa de una petrolera y permitir la continuidad de la investigación por un presunto hecho de contaminación ambiental. A lo largo de la investigación, la Fiscalía impulsó múltiples medidas probatorias para reconstruir el origen de la surgencia detectada en el pozo, establecer las condiciones en que fue perforado, explotado y posteriormente abandonado; analizar el trabajo de las distintas empresas que explotaron el área a lo largo del tiempo y determinar las eventuales responsabilidades.
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, creó la Unidad Fiscal específica, integrada por la fiscal civil de Orán, Marcela de los Ángeles Fernández, para que decida las acciones reparatorias en materia socioambiental. Asimismo, nombró al ingeniero en Recursos Naturales Joel Medina y a la geóloga Melina Celedon (Cuerpo de Investigaciones Fiscales – CIF), para trabajar en las pericias técnicas forenses necesarias.
Como parte de esas actuaciones, incorporaron abundante documentación técnica, antecedentes administrativos, informes de organismos competentes y evaluaciones especializadas, entre ellas un informe elaborado por un ingeniero en petróleo que analizó las características constructivas del pozo, su historia operativa y las posibles causas técnicas que habrían originado la pérdida detectada en 2023.
El informe del CIF ya fue presentado ante el Juzgado de Garantías por la Unidad Fiscal y en él se evalúa, con base en la información reunida en el expediente, las razones que llevaron a las emanaciones descontroladas de gases y fluidos en la locación LO-X10, así como las graves consecuencias observadas en el ecosistema superficial.
Las empresa President Petroleum S.A. ofreció un informe de un especialista en Petróleo, Ing. Miguel Ángel Basile, quien concluye que la surgencia se debería a un deficiente abandono del pozo y por corrosión o roturas producto del paso del tiempo, aspectos que forman parte de las hipótesis que son objeto de investigación.
»Imagen: prensa Greenpeace
Intento de invalidar la investigación de la Fiscal Fuentes
En el marco del proceso, la defensa de uno de los imputados presentó un incidente de recusación contra la fiscal María Sofía Fuentes, por supuesta falta de objetividad en la investigación.
El Juzgado de Garantías rechazó el planteo considerando que no se probó ninguna de las causales legales previstas para apartar a la fiscal, de manera que el magistrado oranense sostuvo que las diferencias objetadas por la defensa sobre la estrategia investigativa o de determinadas decisiones procesales no prueban parcialidad ni pérdida de objetividad.
Destacaron que el trabajo de la fiscal sigue las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal para impulsar la acción penal, disponer medidas investigativas y conducir la investigación desde la recepción de la noticia criminis, recordando que a la defensa se permitió en todo momento asistencia técnica y pleno ejercicio de sus derechos procesales; de manera que la fiscal Fuentes continúa al frente de la investigación.
En otra resolución vinculada al mismo expediente, el Juzgado también declaró abstracto un planteo de nulidad presentado por la defensa contra el decreto que dispuso una ampliación de imputación. El magistrado recordó que la cuestión ya fue analizada judicialmente, con decisión recurrida y que ya no corresponde volver a pronunciarse sobre los mismos agravios.
Se resaltó que la citación a audiencia de imputación es un acto procesal para garantizar el derecho de defensa del imputado y que la investigación puede avanzar mientras no dispongan lo contrario. En resumen, las resoluciones judiciales ratifican la validez de las actuaciones impulsadas por la Fiscalía Penal de Pichanal y continúa así reuniendo pruebas para esclarecer las causas del presunto delito y su resultado de daño ambiental, identificar a los eventuales responsables y determinar si existieron incumplimientos de las obligaciones legales vinculadas con la explotación y abandono del pozo investigado.
La investigación sigue y la Unidad Fiscal continúa desarrollando medidas técnicas y procesales para esclarecer lo ocurrido, cuantificar el daño ambiental y estimar los costos de su recomposición. (Ministerio Público Fiscal de Salta)
