El ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, fue condenado a un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, y a 4 años de inhabilitacion para ejercer cargos públicos en el caso que investiga delitos de violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. La defensa de “Conejo” Martínez argumentó que el crítico estado de salud impide el cumplimiento inmediato y quedó en libertad.
Las fiscales Daniela Murua y Mariana Torres y los fiscales Daniel Espilocín y Carlos Salinas, representaron al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de juicio abreviado ante el Tribunal de Juicio Sala 1 de Orán, celebrada por pedido de los propios acusados; Roberto Ortega Serrano, Hector Manuel Alderete y Carlos Alfredo Martínez; para brindar su confesión sobre los hechos por los que venían acusados.
Ortega, abogado local, admitió su intervención en dos hechos de cohecho activo, además de violación de secretos y entorpecimiento de actos funcionales. Fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional y quedará sujeto al control de cumplimiento de reglas de conducta.
Héctor Manuel Alderete reconoció haber actuado como intermediario en dos episodios de cohecho pasivo agravado, aprovechando su condición de empleado de la Defensoría de Violencia de Género y su relación de amistad con el magistrado destituido; y fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión condicional y a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos publicos.
Carlos Martínez, exintendente de Aguas Blancas (Orán), aceptó su responsabilidad en los delitos de violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. Fue condenado a un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, y a 4 años de inhabilitacion para ejercer cargos públicos, el máximo previsto para esa especie de pena para los delitos por los que fue acusado.
La investigación de la Unidad Fiscal probó que Ortega Serrano, como abogado, pagó dádivas a un magistrado (Parisi) y a su secretario para obtener beneficios procesales indebidos para sus defendidos entre los que incluyen la obtención de la detención domiciliaria de César Daniel Martínez (imputado por tentativa de femicidio), la nulidad del requerimiento acusatorio que impidió que la causa sea elevada a juicio, así como la detención domiciliaria y posterior libertad de Matías Ezequiel Chaile (actualmente prófugo acusado de matar a una mujer mientras conducía una camioneta, fugarse y hacer desaparecer el vehículo).
Admitió, además, haber accedido indebidamente a un expediente judicial, obteniendo información reservada sobre allanamientos, pedidos de secuestro de celulares y dispositivos de almacenamiento de datos, y detalles de declaraciones de testigos. Parte de esta información fue compartida mediante la aplicación WhatsApp, permitiendo a los investigados anticiparse a las medidas fiscales y alterar el curso normal de la investigación.
“Conejo” Martínez reconoció haber recibido información confidencial de Ortega Serrano respecto de la investigación del crimen de su hermano; “Oreja” Martínez; y difundirla a terceros, vulnerando la reserva de los datos judiciales, aprovechando la misma para borrar datos de sus dispositivos electrónicos e influir sobre testigos para que modifiquen su declaración.
Hector Manuel Alderete reconoció haber intermediario entre Ortega Serrano y el Magistrado a cargo de las causas para que este último reciba los pagos mencionados. Los ahora condenados, llegaron al juicio abreviado, detenidos durante 1 año y 2 meses con prisión preventiva, ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Tras la condena dictada para estos tres acusados, resta juzgar a los imputados Claudio Alejandro Parisi (destituído Juez de Garantías, hoy detenido), y al Secretario Letrado (bajo prisión domiciliaria), quienes optaron por la realización de un juicio oral y publico. (Ministerio Público Fiscal de Salta)
