La sustancia acetato de etilo que quisieron sacar del país con documentación adulterada, está incluida en la lista de Registro Nacional de Precursores Químicos y su carga fue valuada en más de 167 millones de pesos. En la maniobra están involucradas empresas de Bolivia, Uruguay y Panamá. La decisión se tomó tras una audiencia de control de acusación y la fiscalía prevé pedir penas de 9 años y 2 meses de prisión.
En el marco de una compleja investigación realizada por la Sede Fiscal Descentralizada Orán, dos choferes de camión serán sometidos a juicio oral por el intento de contrabando agravado a Bolivia de 35.144 kilos de acetato de etilo, un precursor químico que puede ser utilizado para producir clorhidrato de cocaína. Ambos fueron detenidos en marzo pasado cuando intentaban sacar la carga por el paso internacional de Aguas Blancas, con documentación adulterada.
La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Marcos Romero (Sede Fiscal Descentralizada Orán), con la auxiliar fiscal Alejandra Morales Barberá y el investigador Francisco Mena. La imputación presentada por la fiscalía se admitió durante la audiencia de control de acusación el miércoles pasado ante el juez Guillermo Elías (Sala II del Tribunal de Revisión), en la que además se resolvió que el caso avance a la etapa de juicio oral.
La acusación de la fiscalía incluyó una estimación de pedido de pena de 9 años y 2 meses de prisión para los acusados, identificados por sus iniciales como J.C.N.G. y C.P.G. (nacionalidad boliviana); como coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante el empleo de un documento adulterado, en grado de tentativa. Además, la fiscalía les atribuyó el ingreso de precursores químicos a zona de frontera sin la debida autorización, en concurso ideal.
»Más de 35 mil kilos de la sustancia se transportaban en 191 tambores (Imagen: prensa Gendarmería Nacional)
La sustancia secuestrada, valuada en 167.608.459 pesos, había ingresado desde Uruguay y tenía como destino final Bolivia. De acuerdo con la investigación, el traslado se desarrolló en el marco de una operatoria comercial que involucró a empresas de Uruguay, Bolivia y Panamá.
Según la investigación del fiscal federal Romero, con la intervención de la auxiliar fiscal Morales Barberá y el investigador Mena, la operatoria comenzó el 13 de marzo, cuando dos camiones Volvo ingresaron al país por el paso internacional de Gualeguaychú, procedentes de Fray Bentos (Uruguay). Transportaban 35.144 kilos de acetato de etilo en 191 tambores, distribuidos entre ambos vehículos.
La documentación indicaba que la carga debía salir por el paso internacional de Salvador Mazza (Salta) con destino final en Cochabamba (Bolivia). Sin embargo, el 16 de marzo los camiones llegaron a Aguas Blancas (Orán – Salta), donde fueron sometidos a control. La documentación comercial consignaba como primera transportista a Melinor S.A. (Uruguay), y luego a Cooperativa Tarija del Sur SRL (Bolivia). La adquirente era Southpac Corporation (Panamá), aunque el destino final era Corporación Mathiesen S.A. (Santa Cruz de la Sierra – Bolivia).
Documentación adulterada
Al momento del control, los choferes presentaron permisos tramitados ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), entre ellos una autorización de tránsito internacional. El cotejo con el organismo determinó que la autorización presentada no coincidía con la emitida oficialmente, que los dominios de los camiones no estaban autorizados para esa operación y que el recorrido realizado difería del aprobado, que fijaba como punto de egreso Salvador Mazza.
»Peritos de Gendarmería preparan el equipo para analizar la sustancia transportada en los tambores (Imagen: Gendarmería Nacional)
Un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina confirmó que la sustancia era acetato de etilo, solvente usado en el refinamiento para obtener clorhidrato de cocaína. La investigación también determinó que la autorización de tránsito internacional había sido adulterada con un documento confeccionado en el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), en el que se incorporaron los dominios de los camiones.
Los planteos en la audiencia
Durante la audiencia de control de acusación ante el juez Elías, las defensas solicitaron el sobreseimiento de los acusados por considerar que la conducta atribuida era atípica y que los choferes no habían actuado con dolo. El fiscal rechazó el planteo: sostuvo que los acusados conocían las exigencias para el transporte de este tipo de sustancias por su experiencia en la actividad y que las irregularidades no podían atribuirse a un error del organismo de control.
A ello sumó información extraída de los teléfonos celulares secuestrados, donde surgieron conversaciones en las que los acusados hacían referencia al eventual pago de sobornos a autoridades de control y un diálogo en el que uno de ellos comunicaba a un familiar que la salida del país sería por Aguas Blancas y no por Salvador Mazza.
La querella de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), representada por los abogados Rubén Melleresky y Pedro Parra, adhirió al pedido de la fiscalía. El juez Elías rechazó los sobreseimientos y consideró que la hipótesis del Ministerio Público Fiscal tiene mérito suficiente para ser debatida en juicio oral ante un tribunal colegiado. Durante la audiencia también se trató la prueba ofrecida por las partes, sin objeciones que impidieran su incorporación. (Ministerio Público Fiscal de la Nación)
»El test orientativo reveló que los tambores contenían acetato de etilo (Imagen: Gendarmería Nacional)
