Cámara de Diputados de la Nación.- Tras consensuar modificaciones al texto original, con la inclusión de disidencias parciales de los legisladores de distintos bloques, este miércoles 27 se emitió dictamen de mayoría al proyecto de ley que propone expropiar terrenos para urbanizarlos mediante la creación del régimen de integración socio urbana y regularización dominial que beneficiaría a 850 mil familias.
Fue en el marco de un plenario de cuatro comisiones: Asuntos Constitucionales, Vivienda y Ordenamiento Urbano, Legislación General, y Presupuesto y Hacienda.
Al inicio de la reunión, el diputado Pablo Tonelli, titular de Asuntos Constitucionales, agradeció el “empeño de todos los bloques para consensuar y lograr un dictamen mayoritario”. Al respecto, subrayó que de aprobarse la iniciativa “se solucionará el problema de la vivienda de muchos compatriotas que la están pasando mal”.
Una de las modificaciones introducidas al texto original es sobre la cláusula que autorizaba a la Nación a proceder a la expropiación aún en caso de falta de acuerdo con las provincias y municipios. En consecuencia, se necesitará el acuerdo de las tres partes. También se incorporaron cambios sobre las funciones y atribuciones del ministerio de Desarrollo Social.
Cabe recordar que, antes de llegar al dictamen, se realizaron diversas reuniones donde expusieron la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, intendentes bonaerenses, representantes de movimientos populares y vecinos de distintos asentamientos.
El proyecto fue presentado en el mes de abril por los diputados nacionales Mario Negri (UCR), Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (PRO), presidentes de las principales bancadas del interbloque Cambiemos.
La iniciativa dispone la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), creado por decreto 358/2017 con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes y que obtengan los servicios básicos.
También propone la creación de un fideicomiso para financiar las expropiaciones que se realicen, cuyos fondos serán establecidos en la ley de presupuesto de 2019.
