En la sesión del pasado jueves, los concejales de Tartagal analizaron la problemática que presenta el movimiento clandestino en frontera y trataron lo estipulado en el expediente N° 16292/2021, documento en el cual determinan que “verían con agrado que el Ministerio de Seguridad de la Nación, fortalezca e incremente el control de los pasos fronterizos”. La propuesta, tratada sobre tablas, fue aprobada por unanimidad.
Nación ha determinado que la frontera con Bolivia continúe cerrado al paso de la sociedad civil y solo permanece el transporte de carga internacional para elementos esenciales. Sin embargo, los controles en los pasos ilegales son rigurosos con personal disponible solo en el lado argentino. Del lado boliviano es conocido que un pago discreto permite movilizarse. Las estimaciones calculan que cruzar (ilegalmente) de un lado a otro no emplea ni diez minutos.
En el caso del contrabando de mercaderías, la operación se completa en el lado argentino con una especie de sindicato de mototaxis, conducidas principalmente por adolescentes en edad escolar, esperan encolumnados para transportar a los comerciantes hacia los principales negocios en Salvador Mazza. Desde allí, se determinó, se contrata un vehículo de cuatro ruedas para volver cargados de mercadería hacia el paso existente en El Chorro.
A pesar que en el lugar hay lotes cerrados con alambres de púa y viviendas precarias, en el interior guardan camionetas Ford y autos Peugeot. Sin olvidar el movimiento de personas de manera ilegal, la magnitud del fenómeno se aprecia no solo en la notable cantidad de personas que cruzan por hora la frontera (incluso cientos). Aparte, no se desprecia que el contrabando genera los recursos suficientes para hacerlo a pesar de los riesgos legales que implica. Uno de los últimos caminos conocidos (acondicionado para el contrabando) se ubicó en el sector “Villalba” (Bolivia).