La Justicia Federal de Salta imputó al diputado provincial por el departamento Anta, Gerardo Francisco Orellana, junto a exfuncionarios y personal de distintos hospitales del interior salteño. La medida fue dispuesta por el juez Diego Anzorreguy, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N.° 2, en el marco de una investigación llevada adelante por el fiscal general Carlos Amad sobre una presunta red destinada a tramitar fraudulentamente pensiones por discapacidad.
Según la hipótesis de la Fiscalía, la maniobra funcionaba mediante una estructura coordinada entre médicos, empleados administrativos, funcionarios públicos, operadores políticos y gestores. La red se encargaba de falsificar certificados médicos, historias clínicas, análisis de laboratorio, radiografías y demás registros para gestionar beneficios ante el Estado Nacional en favor de personas que no presentaban enfermedades incapacitantes ni cumplían los requisitos legales.
Por estos trámites, la organización cobraba cobros ilegales que oscilaban entre los $20.000 y $1.000.000, según la complejidad del caso. Las investigaciones preliminares estiman que la maniobra habría provocado un perjuicio económico al Estado Nacional cercano a los $3.280 millones mensuales.
Entre los investigados figuran Oscar Ricardo Luna, exgerente de los hospitales de Joaquín V. González, Tartagal y El Quebrachal; César Ramiro Blanco, exconcejal y exgerente del Hospital Enrique Romero de El Quebrachal; y Roberto Bernardino Morales, exgerente de Atención de las Personas en esa misma institución.
La causa abarca a quince imputados bajo los cargos de asociación ilícita, estafa al Estado, falsedad documental e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la acusación:
- Captación y fin electoral: La empleada municipal María Romano captaba beneficiarios y cobraba cuotas ilegales, mientras que el diputado Orellana firmaba solicitudes con fines clientelares y electorales.
- Adulteración de diagnósticos: Los médicos Roberto Morales, César Blanco, Diego Ocampo y Luis Verón habrían emitido certificados apócrifos y renovaciones periódicas sin evaluar a los pacientes. Por su parte, el bioquímico Luciano Esteban alteraba estudios de laboratorio para simular enfermedades graves como Chagas o diabetes.
- Falsificación operativa: Hugo Humberto Massa fraguaba sellos y membretes para adulterar la documentación desde un local de fotocopiadoras.
- Acceso a sistemas oficiales: Edmundo Dante Salazar, extitular de la ANSES, habría facilitado sus claves de acceso para ingresar datos falsos en los sistemas informáticos, mientras que los administrativos Manuel Córdoba y Luis Casares procesaban las carpetas sin aplicar los controles correspondientes.
La lista de imputados se completa con José Edmundo Brisuela, José Wilson Muñoz Torres, Humberto Brisuela Mendoza y Francisco Orellana. La causa continúa su curso para definir la situación procesal de cada uno de los involucrados.
