Ministerio Público Fiscal.- Este miércoles al mediodía, en la última de tres audiencias llevadas adelante en el marco de la investigación penal por el robo de caños del Gasoducto GNea y en menos de 24 horas, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso la prisión preventiva del ex intendente de Aguaray Jorge Enrique Prado. Ya se logró la recuperación de 260 caños y se ordenó la libertad con medidas sustitutivas de otro imputado.
La investigación se inició en abril pasado a partir de la denuncia de un empleado de esa obra, mientras que el 18 de mayo se iniciaron las imputaciones, que incluyen a diez acusados. Ya se logró la recuperación de 260 caños. El ex intendente fue detenido el martes a partir de un pedido del fiscal general, Eduardo José Villalba, quien ayer avanzó con el planteo de la prisión preventiva en vista de que podría entorpecer una serie de medidas de pruebas aún pendientes.
Villalba, acompañado por la auxiliar fiscal Roxana Gual, sostuvo que, a medida que la investigación avanza, la situación de Prado es cada vez más comprometida y la expectativa de que reciba una condena con prisión efectiva aumentó notablemente, por lo que recomendó su detención a fin de evitar una posible fuga. También aludió a la necesidad de la medida a fin de recabar pruebas que se encuentran pendientes, ya que de lo contrario ello se vería frustrado. Asimismo, y al referirse al peligro de fuga, Villalba explicó que de acuerdo a nuevas evidencias reunidas, entre ellas un informe de depósitos bancarios, Prado cuenta con un fuerte patrimonio que le permitiría solventar su fuga.
En tan sentido, el fiscal expuso ante el juez detalles del reporte brindado por una entidad bancaria respecto a una cuenta registrada a nombre del ex intendente. En el año 2018, cuando Prado era aún secretario de Medio Ambiente municipal, registraba un ingreso en su cuenta bancaria de 2.148.000 pesos. Al año siguiente, en tanto, a esa suma se agregó un monto de 1.300.000 pesos, mientras que en el presente año, sus ingresos se incrementaron aún más, pues se registró otro monto de 1.495.00 pesos, lo cual evidenciaría que Prado ya había comenzado a percibir dinero por la maniobra que luego puso en marcha en detrimento del Estado.
Atento a ello, y pese a los argumentos defensivos respecto a la conducta procesal de Prado en el marco de la investigación penal, el juez Montoya coincidió con el fiscal y dispuso la prisión preventiva. Al referirse a las audiencias celebradas, Villalba destacó la labor de su equipo de auxiliares, como así también resaltó el aporte y profesionalidad de la Oficina Judicial de Orán en la coordinación de las audiencias.
Ampliación
El martes, en tanto y en la primera de tres audiencias realizadas en el marco de este caso, la fiscalía presentó al juez Montoya la ampliación de la acusación penal en contra de Prado, su ex secretario de Hacienda Fredy Céspedes y el empresario mendocino Diego Alos, dueño de la firma OSYP SA. Fue por los delitos de robo calificado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado respecto a los hechos ocurridos en abril. Frente a este planteo, el juez Montoya resolvió hacer lugar a la ampliación de la acusación penal.
Villalba repasó la génesis de la investigación penal abierta por el robo de caños del Gasoducto GNea, instancia en que hizo hincapié en la gravedad del accionar delictivo de los acusados, pues se afectó una “obra estratégica destinada a beneficiar a más de tres millones de personas”. “No sólo eso sino también estaba previsto que este gasoducto se convierta en una base energética para un futuro desarrollo industrial”, señaló. Agregó que provincias como Chaco y Santa Fe ya concluyeron con obras similares, pero que en Salta aún están pendientes 130 kilómetros de cañería, siete de los cuales será difíciles de concretar debido a que se robaron los caños.
Recalcó que el Estado Nacional “invirtió muchos fondos en esta obra, mientras que un funcionario público se encargó de destruirla para sacar de ella beneficios propios”, apuntó. En primer término, Villalba imputó a Alos el delito de robo de 52 caños que fueron extraídos del Gasoducto GNea, los cuales luego fueron vendidos al empresario Matías Rossi, también imputado en este caso. Se trata del titular de la firma Comarfil SA, cuyas instalaciones se encuentran en el partido bonaerense de Quilmes.
A esta cantidad, agregó el fiscal, se deben sumar otros 22 caños que también fueron extraídos de Aguaray, aunque se logró recuperarlos cuando eran trasladados en dos camiones que fueron detenidos por Gendarmería Nacional en Mosconi. Resaltó, a su vez, que a partir de actuaciones de la fiscalía, se logró también el secuestro de otros 5 caños en el predio de la empresa Perterser SRL y 123 en el predio de la firma M&P (municipio de General Mosconi).
Empresa criminal
Villalba, al exponer la ampliación de la acusación, la centró en Prado y Alos, a quienes ubicó como los organizadores de “esta empresa criminal”, la cual tenía como objetivo la sustracción de los caños del Gasoducto GNea para ser introducidos en el mercado negro de caños, todo ello con el único fin de beneficiarse económicamente a costa del Estado Nacional.
El fiscal los situó en la pirámide de esta organización, pues ambos idearon la “mentada” resolución 1215/19, la cual ya era “horneada” antes de que Prado asumiera como intendente, lo que evidencia que el ex jefe comunal y el empresario ya tenían todo planeado. Esta resolución, cabe señalar, fue firmada por el mismo Prado y Céspedes, su secretario de Hacienda, con el único fin de darle una apariencia legal a la sustracción de los caños, al sostener que supuestamente contaminaban el ambiente, justificando así su extracción.
Para la fiscalía esta resolución, sin embargo, fue desenmascarada en marzo pasado a partir de distintos artículos periodísticos. Aunque, estimó, ello no frenó a Prado y Alos, ya que éste último contrató a Antonio Vera, otro imputado prófugo hasta agosto pasado, cuando fue detenido.
Al referirse a las pruebas que sustenta esta ampliación de la acusación, Villalba informó que uno de los imputados accedió a un acuerdo de colaboración con la fiscalía en calidad de “imputado colaborador”, figura a través de la cual aportó datos contundentes del caso. Al respecto, la fiscalía reveló que el imputado colaborador reconoció que fue contratado por Alos para el robo de 161 caños, maniobra que se concretó en abril pasado. Para ello, señaló haber recibido de Prado la suma de 800 mil pesos, dinero que estaba destinado al pago de transportistas y maquinarias necesarias para extraer y trasladar los caños.
Incluso sostuvo que su aparición en un hotel de General Mosconi fue solventada por Prado, quien, a su vez, habría hecho uso de una remesa de fondos del municipio, por una suma de 400 mil pesos, para destinar a estos gastos y otros relacionados al robo.
Falsificación
Para disfrazar la maniobra, agregó el fiscal, se confeccionaron remitos falsos en la misma imprenta a la que acudían los entonces funcionarios municipales acusados, Prado y Céspedes, entre otros, lo que constituye otro indicio más de la actividad delictiva de los imputados. Así, con facturas a nombres de empresas como Minera del Altiplano, Adrián Mercado y Tubos Renar, todas falsas, el fiscal indicó que Vera, por mandato de Alos y el ropaje político de Prado, fue el “ejecutor” de la sustracción de 161 caños, aunque no descartó que “pueda haber muchos más”.
Respecto a Céspedes, el fiscal señaló que no se trata de ningún “incauto” en este caso, como intentó hacerse ver al declarar e inculpar a Prado de todo, pues existen numerosas pruebas de que tuvo una participación activa en la ejecución de la maniobra. Indicó para eso que se descubrieron varios y frecuentes contactos telefónicos de Céspedes, tanto con Alos, Prado y como con otros imputados, con lo cual incluyó al ex secretario en la nueva acusación planteada.
También señaló que fue Alos quien contrató a Vera haciéndolo aparecer como gerente de Vera S.A., como si fuera un gran empresario. “Alos le encomendó una serie de delitos, entre ellos la sustracción de los caños como así también la falsificación de remitos” a nombre de la Minera del Altiplano, Tubos Renar SA y Adrián Mercado.
