El gobierno provincial informó que la intervención será por un periodo de tres meses, y de acuerdo a los resultados de la auditoría remitida por la Sindicatura General de la Provincia. Se creará una comisión interventora y normalizadora ad-honorem. Por decreto N° 271, se intervendrá el área administrativa-financiera.
Alejo Gallardo, presidente del organismo originario, se mostró favorable a la medida; recordando que fue él mismo quien pidió una auditoría. “Soy la primera persona interesada en resolver esta situación (..) antes de asumir había pedido que me auditen la financiera del Instituto”, manifestó Gallardo.
Cabe resaltar que el electo presidente del IPPIS seguirá en su cargo y por espacio de tres meses trabajarán en consenso con los vocales y la comisión interventora del área administrativa-financiera.
“Vamos a coordinar mañana con ellos (…) junto con la ministra (Edith Cruz)”, agregó. La comisión interventora estará integrada por Ramiro Chávez, José Campos Bertoldi y Adriana Cantarero. “Fueron elegidos por el gobierno. Uno pertenece al Ministerio de Asuntos Indígenas, de Gobierno y así”.
El informe de auditoría advierte que durante los años 2018 y 2019 se habrían entregado fondos con cargo de rendición a los responsables de las distintas etnias sin que hubiesen rendido el destino asignado a los mismos, como también, el retiro de dinero de la cuenta bancaria “sin asignación específica” y sin intervención del área contable, es decir sin contar con la pertinente orden de pago.
El resumen de la auditoría también acentúa que falta un desarrollo que garantice la integridad y confiabilidad de los datos que contienen, como así también, la falta de libros contables manuales ni de un sistema de registración financiero-presupuestario.
“Hay mucho mal manejo durante la gestión de (Indalecio) Calermo y de Romelia Durán“, siguió Gallardo. Como punto a destacar, la autoridad originaria reveló que esta mañana descubrió que 54 cheques en blanco; que como monto máximo registrado figura 2 millones de pesos; llenados por “terceros que nada que ver con el IPPIS”.
El dinero retirado a nombre del Instituto Provincial de los Pueblos Originarios de Salta de la entidad bancaria estaba destinado para una serie de obras, de las que no se precisó detalle.
A raíz de este descubrimiento mantuvo una reunión con el gerente del Banco en cuestión, identificó los números de los talones y ahora restaba que radicara denuncia formal ante la Comisaría 5ta. de Salta, para destrabar la situación. “Soy la persona más interesada en saber qué está pasando (…) no puedo recibir la institución con este desfaje”, remató.
