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Ministerio Público Fiscal.- Una empleada legislativa realizó la denuncia por filtrar datos personales que se publicaron en un semanario. La fiscalía formalizó la investigación, mientras la defensa instó el sobreseimiento, pero sus argumentos fueron rechazados por el juez de Garantías.

La investigación por el delito de “violación de secreto en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público”, seguida a un empleado de la oficina de Anses Salta es llevada adelante por el fiscal federal Francisco Snopek.

En una reciente audiencia “de saneamiento” celebrada el viernes pasado, la defensa del empleado intentó en dos ocasiones obtener el sobreseimiento de su representado, pero los fundamentos esgrimidos fueron rebatidos por la fiscalía que, de esta manera, impuso su criterio acusatorio.

El caso, según lo revelado durante la audiencia, se inició a partir de la denuncia de una ciudadana, empleada en la Cámara de Diputados, quien solicitó la investigación penal por la violación de datos confidenciales que estaban en resguardo de un organismo nacional. En su denuncia, la mujer afectada apuntó contra un empleado de la Anses, ya que de una verificación interna se estableció que la documentación cuestionada y relacionada a su actividad laboral, ingreso y otros datos previsionales, fue extraída del CPU asignado a dicho funcionario público, quien se desempeña en ese organismo nacional.

Sostuvo que estos documentos fueron luego difundidos en un semanario local, publicación que calificó de difamatoria. A partir de esta denuncia, realizada el 6 de noviembre de 2019, el fiscal federal avanzó con las actuaciones preliminares, circunstancias en que la afectada designó a una abogada como querellante en el caso.

Planteos
La fiscalía, por su parte, avanzó con la investigación penal, que fue posteriormente formalizada. El viernes pasado, ante el juez de Garantías Miguel Medina, la defensa realizó una serie de planteos para neutralizar la actuación de la fiscalía. En el primero cuestionó al fiscal por no haberse opuesto a la constitución de la querella, pues consideró que la misma ingresó al proceso fuera del tiempo establecido por el Código Procesal Penal Federal. Asimismo, solicitó la nulidad de determinadas actuaciones procesales previas y el sobreseimiento del acusado.

La fiscalía, por su parte, rechazó los fundamentos del defensor y adujo que realizó una interpretación equivocada respecto a las normas que permiten la actuación del querellante, cuya constitución en el proceso se encuentra legitimada.

Respecto al sobreseimiento, Snopek repasó el curso de las actuaciones y señaló que no hubo ninguna falencia que haya afectado el derecho de defensa del acusado, quien, por otra parte, sí indicó tuvo problemas con otros defensores anteriores, lo que fue subsanado con la asignación de un defensor oficial.

En respuesta a estos planteos, el juez reconoció los inconvenientes del acusado respecto a la designación y actuación de los defensores que lo asistieron previamente; no obstante, rechazó los pedidos realizados para desplazar a la querella y obtener el sobreseimiento, dándole la razón a los argumentos esgrimidos por la fiscalía.

Declaración
La audiencia prosiguió con la declaración del acusado, quien se refirió primero a las vicisitudes que atravesó desde que fue notificado sobre la denuncia en su contra, para luego negar la acusación por la filtración de información relacionada a la denunciante. Reconoció que dichos datos fueron extraídos de su CPU, pero sostuvo que al llegar a su lugar de trabajo enciende su computadora con su clave, pero que no permanece las ocho horas frente a la pantalla, pues realiza otras tareas y la máquina siempre queda encendida, oportunidad en la que sugirió se habría extraído la información de la mujer.

Su defensa volvió a plantear el sobreseimiento, al sostener que el hecho no constituye delito. Agregó que los datos revelados no revisten el carácter de secreto que demanda la calificación penal impuesta.

En contrapartida, el fiscal solicitó el rechazo de este nuevo pedido de sobreseimiento, ya que sobre el acusado pesaba el deber de resguardo de la información de la base de datos de la Anses, por lo que debía cumplir con el secreto profesional. Asimismo, señaló numerosas leyes y reglamentaciones que califican la información violada como confidencial.

El magistrado, en tanto, se inclinó por los argumentos de la fiscalía, resaltó el celo que el Estado Nacional impone respecto a los datos personales y rechazó otra vez el sobreseimiento pedido por la defensa, con lo cual la acusación resultó fortalecida.