El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó duras condenas contra siete acusados de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína. Entre ellos figuran efectivos en actividad, exonerados y aspirantes de Gendarmería Nacional, lo que expone la preocupante infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad.
Una red con sello institucional
El pedido de penas —que llegan hasta los 16 años de prisión— fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta, presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por Domingo Batule y Diego Matteucci.
Los acusados ya habían sido declarados responsables en una instancia previa y se los señala como coordinadores del transporte de 334 kilos de cocaína de alta pureza, interceptados en dos operativos durante 2024.
La estructura de la banda revela un dato alarmante: estaba integrada por dos gendarmes en actividad, dos exonerados y dos aspirantes en formación. Según la acusación, los uniformados usaban su conocimiento táctico, información sobre controles viales y el uniforme para garantizar el paso de la droga por las rutas del norte argentino, esquivando controles fronterizos.
Operativos y la “escuelita” virtual
El grueso del cargamento —más de 300 kilos— fue hallado en camionetas acondicionadas con compartimentos ocultos. En otro procedimiento, se secuestraron 31 kilos camuflados dentro de una rueda de auxilio.
Las pericias telefónicas aportaron pruebas clave: la banda utilizaba un grupo de WhatsApp que funcionaba como una verdadera “escuelita del delito”. Allí compartían instrucciones y tutoriales sobre cómo empaquetar y disimular los panes de cocaína para evitar que fueran detectados por los perros rastreadores.
Penas y decomisos
El fiscal Toranzos pidió condenas que van de 3 a 16 años de prisión, según el rol de cada acusado y el agravante de ser funcionarios públicos en el caso de los gendarmes.
Además, solicitó el decomiso de una vivienda en Salta utilizada como “búnker” y de tres camionetas de alta gama empleadas para el transporte de la droga.
La sentencia definitiva será dictada en los próximos días y marcará un precedente sobre la penetración del narcotráfico en las instituciones de seguridad.