Ministerio Público Fiscal.- El fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos presentó ayer jueves por la mañana las imputaciones por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público de tres integrantes del PAMI en Salta ante la jueza federal de Garantías, Mariela Giménez, quien luego de escuchar los argumentos y pruebas presentadas por la fiscalía dio por formalizada la investigación penal.
En una audiencia por videoconferencia, celebrada a partir de las 10, el fiscal Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, avanzó con las actuaciones iniciadas en agosto pasado, cuando a través de un informe periodístico se conoció una lista de concejales y funcionarios nacionales que habían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia; IFE.
Cabe recordar que el 26 de agosto pasado el representante del Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación penal por los mismos delitos en contra de 17 concejales y un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
En esta ocasión la imputación se dirigió a Emilia Juárez, Viviana Beatriz Fernández y Javier Navarreta, quienes cumplen funciones de gerencia operativas en dependencias del PAMI en las localidades de Orán, El Carril y Embarcación, respectivamente.
Tras identificarlos, el fiscal presentó la acusación. Antes repasó la génesis del IFE, cuya creación surge del decreto 310/20, en el que se asentaron expresamente los requisitos que deberán reunir los beneficiados. Resaltó la importancia de su implementación en plena pandemia del coronavirus por el Estado Nacional para ayudar a la ciudadanía sin relación de dependencia o trabajo formal, lo que estimó como de gran ayuda para paliar la crisis económica por el avance del virus.
Al referirse a la reglamentación, dejó en claro que el subsidio era compatible con los beneficios de la Asignación Universal por Hijo; AUH; como así también que las disposiciones legales dejaron en manos de la Anses las facultades de otorgamiento y control del beneficio.
Investigación
Al referirse a la acusación, Toranzos expresó que existían sospechas que daban cuenta de que habría 13 funcionarios del PAMI que habrían cobrado indebidamente este beneficio; sin embargo, y como resultado de las tareas investigativas realizadas por su área, se pudo determinar que sólo tres de los sindicados habrían incurrido en esta irregularidad.
Indicó que Fernández, quien había sido designada como titular de la Agencia PAMI en la ciudad de Orán, cobró dos cuotas del IFE, beneficio que solicitó dos meses después de asumir en el cargo. En cuanto a Juárez, el fiscal indicó que fue designada en febrero pasado como titular del Centro de Atención Personalizada que el PAMI posee en la localidad de El Carril, y que a los dos meses de ejercer su cargo también solicitó el cobro del IFE, subsidio que percibió en dos ocasiones.
Respecto a Navarreta, Toranzos sostuvo que este funcionario, también designado por el Estado Nacional, se desempeña desde marzo pasado como titular del Centro de Atención Personalizada en la localidad de Embarcación. Afirmó también que Navarreta, como los otros acusados, solicitó el beneficio del IFE a los 23 días de asumir en el cargo y percibió este subsidio en dos oportunidades.
En vista de ello, el fiscal solicitó la formalización de la investigación penal en contra de los tres funcionarios públicos del orden nacional por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Destacó que las conducta de los tres imputados encajan con la calificación penal planteada, pues los mismos, a sabiendas de que el IFE se trata de un beneficio otorgado a personas sin relación de dependencia y compatibles con los requisitos de la Asignación Universal por Hijo, igualmente se hicieron de este dinero en perjuicio del Estado Nacional.
“Ellos no sólo conocían estos detalles sino que, vale resaltar, habían prestado juramento como funcionarios públicos y por lo tanto era su deber cumplir con estas normas y no solamente velar que otros las cumplan”, sostuvo el fiscal, quien para mayor abundamiento citó el artículo 26 del Código de Ética Pública, el cual exige un cumplimiento adecuado del cargo por parte de los funcionarios.
Pruebas
Al sustentar esta acusación, el fiscal informó que se reunieron diversas pruebas, entre ellas informes de la AFIP respecto a la situación de los acusados como empleados del PAMI, detalles de sus cuentas bancarias y los montos percibidos durante el tiempo que cobraron el IFE. Asimismo, señaló los decretos de designación de cada uno, cargo y función en las que fueron nombrados dentro del PAMI.
También se refirió, entre otras evidencias, a la documentación bancaria que respalda el cobro del IFE por parte de los acusados, quienes al momento de prestar declaración prefirieron mantenerse en silencio, aunque sus defensores no descartaron que posteriormente hagan sus descargos.
Respecto al plazo de investigación y las medidas de coerción, la fiscalía solicitó 40 días hábiles para seguir con las actuaciones, como así también requirió que los investigados se presenten cada 15 días en la delegación de Gendarmería más cercana, el compromiso de no entorpecer la investigación y la prohibición de salir del país. Las defensas, en tanto, no objetaron estos planteos con excepción de Navarreta, quien pidió presentarse una vez al mes; sin embargo su pedido no fue contemplados, pues al momento de resolver, la jueza Giménez hizo lugar a todo lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
