Un grupo de 30 choferes pertenecientes a la empresa Transporte “Virgen de Urkupiña” llegaron hasta Salta Capital para manifestarse sobre la situación. Los trabajadores; que oscilan con 4 a 12 años de servicios; denunciaron que los despidos son injustificados e incluso algunos de ellos padecen problemas de salud, sumado a que la empresa resta años de trabajo y no reconoce aportes realizados.
Transporte Virgen de Urkupiña; propiedad de Rubén Severich; nuevamente se encuentra en polémica, producto de haber cesanteado a 30 choferes, grupo que cubría el trayecto interurbano Tartagal-Salvador Mazza. En total, Urkupiña tiene una planta de 150 choferes, relató el grupo en Salta ante los medios que se acercaron a dialogar con ellos.
Uno de ellos expuso públicamente que de 10 años aportados; producto de trabajar para la firma; se encontró conque solo reconocen ocho años y sin aportes, sin reconocer los certificados médicos que presentó por su condición de asmático emitidos tanto por Salta como Salvador Mazza. “Me presenté ante AFIP y ahí me encontré conque no me reconocen los años de aportes (…) tenemos sueldos adeudados (…) despidieron a compañeros por el solo hecho de preguntar cuándo se pagaría lo que se debe”, afirmó. Además, un compañero manifestó que contrajo Covid-19 dos veces, y quedó con secuelas de corazón, lo que no impidió que la empresa obligara al chofer a continuar desempeñando su labor.
Cabe recordar que Nación emitió el Decreto 413/2021, que frena los despidos hasta el 31 de diciembre de 2021, declarando la emergencia pública en materia ocupacional mediante el decreto de necesidad y urgencia 34/2019. Durante la emergencia pública en materia ocupacional, la trabajadora o el trabajador despedido sin justa causa tendrá derecho al doble de la indemnización correspondiente de acuerdo con lo establecido en el art. 3° del decreto 34/2019. En ningún caso el monto de la doble indemnización podrá ser superior a 500.000 pesos. Esta norma no se aplica a las contrataciones posteriores a la entrada en vigencia del decreto 34/2019 (13 de diciembre de 2019) ni al Sector Público Nacional.
