La finca “El Pajeal” pasará a ser propiedad del Estado Nacional, decisión adoptada por la investigación de la PROCUNAR NOA, organismo que ya se había decomisado “El Aybal”; finca de más de 19 mil hectáreas; tras la condena de siete personas el año pasado, entre ellos el líder de la organización. Ambos inmuebles tiene una superficie superior a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lindan con Bolivia.
El pasado lunes 27 de noviembre, el Tribunal Oral Federal N°1, presidido por Federico Santiago Díaz e integrado por Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, resolvió decomisar para el Estado Nacional el 95 por ciento de la finca “El Pajeal” (Salvador Mazza – frontera norte con Bolivia), mientras que el porcentaje restante se resolverá en litigio iniciado por un puestero. El pedido se había realizado en el juicio de 2021 a los Castedo.
En un extenso fallo, los jueces aceptaron ahora el pedido de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA en su titular, el fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier; y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, a cargo de María del Carmen Chena. La petición se realizó en el juicio que condenó a Delfín Castedo en 2022 (7 de diciembre) a 16 años de prisión por ser considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al consecuente lavado de activos.
En esa oportunidad también fueron condenados Raúl Castedo (hermano) y el martillero público Eduardo Torino, a nueve años de prisión como miembros de una asociación ilícita. De igual manera, recibieron 7 años los comerciantes Alberto y Luis Yudi; y Melba del Carmen Araujo (ex pareja de Delfín), recibió 5 años, en tanto que Mario Alberto Yudi (ijo de Alberto) recibió tres años de prisión por lavado de activos. En ese fallo se incluyó el decomiso, para Nación, de la finca “El Aybal” (19.954 hectáreas), en el limite con la frontera del Estado Plurinacional de Bolivia.
En los fundamentos para “El Pajeal” se lee que los hijos del fallecido ex diputado provincial Ernesto Aparicio habían realizado planteos sobre la titularidad de la finca, argumentando que heredó la propiedad de sus padres (Tobías Aparicio y Teresa Sarmiento) junto a tres hermanos; comprando luego su parte. Aparicio fue socio principal de Delfín Castedo dentro del narcotráfico, hasta su fallecimiento el 10 de noviembre de 2013; momento que Castedo se adueñó de la finca por su estratégica ubicación para la provisión de cocaína. La parte posterior tiene una extensión de 7 kilómetros y da con Bolivia.
El “Clan Castedo” (como lo mencionan los jueces en su fallo) compró después la vecina “El Aybal” y entre ambas suman una superficie de más de 236 kilómetros cuadrados (Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 203). El monopolio del narcotráfico ejercido por los Castedo comenzó a decaer tras la captura de Delfín (22 de julio/2016), por acción de los fiscales Diego Iglesias (titular PROCUNAR) y Eduardo Villalba (titular PROCUNAR NOA). Al incorporar a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) fueron por las fincas, realizando inicialmente planteos de medidas cautelares.
El decomiso
El Tribunal siguió los “términos del artículo 23 del Código Penal”, caso inmueble que “fue utilizado como instrumento para cometer los delitos por los cuales fueron condenados los hermanos Castedo y otros integrantes de ese clan”. Los jueces analizaron profundamente la figura legal, definición, consecuencias jurídicas como pena accesoria y evolución del concepto del decomiso; “fue cambiando a lo largo del tiempo y fueron ampliándose sus horizontes, en consonancia con el crecimiento de la delincuencia organizada y el nivel de escalada de las organizaciones criminales cuyos hechos delictivos y efectos, rebasaron al mismo tiempo, los límites territoriales de los países”.
Resaltaron las incontables ganancias del narcotráfico y el lavado de activos, entre otros delitos, lo que “demandó de los gobiernos nacionales aunar esfuerzos para lograr una efectiva persecución judicial; como así también, para conseguir neutralizar los efectos nocivos del accionar criminal”, mediante firma de compromisos por medio de tratados internacionales. Dada la amplia jurisprudencia, definieron al decomiso como una acción preventiva y disuasiva dirigida a impedir que el autor del ilícito pueda seguir “disfrutando de lo que por él obtuvo, ya que carecería de sentido imponer la pena y permitir que el delito siga produciendo sus efectos”.
“El clan Castedo, pese a la detención de su líder (Julio/2016), siguió operando bajo las estrictas instrucciones de Delfín Castedo”, de acuerdo a las evidencias presentadas por fiscalía en el juicio, entre ellas conversaciones telefónicas captadas en la investigación. “Castedo pudo seguir operando desde la cárcel merced a su propio financiamiento económico, pero sobre todo gracias a su posición en El Pajeal, que nunca abandonó (…) quedó puesto en evidencia en forma contundente que Delfín Castedo continuó ejerciendo su absoluto señorío sobre esas tierras pese a los pedidos de captura en su contra desde fines del año 2006; tras el homicidio de Liliana Ledesma en septiembre; y durante su detención“.
Delfín y Raúl Castedo fueron condenados el 3 de noviembre de 2023 a prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Ledesma, hecho que también fue ampliamente expuesto con fuertes pruebas por los fiscales Amad y Viltes Monier durante el juicio por asociación ilícita.
Instrumento del delito
El valor de la finca decomisada, para el tribunal “quedó plenamente probado que El Pajeal constituyó el instrumento por antonomasia del accionar delictivo de la asociación ilícita liderada por Delfín Castedo”. Los jueces sostuvieron que el clan tenía como base a la propiedad del ex diputado Aparicio, pretendiendo “también extender sus dominios sobre la finca El Aybal”, pero “la explotación del campo El Pajeal por parte de Castedo y su banda se erigió como una estratégica fachada de actividades ilícitas”. Hay pruebas que, desde mayo del 2000, los hermanos ya estaban en la propiedad. El día 12 de ese mes, según un testigo, el mismo Delfín alardeó de “su” finca en el norte y, conforme los dichos del declarante, el inmueble era colindante con Bolivia.
Establecieron la presencia de los líderes del clan en el terreno, desde principios del milenio por “acuerdo verbal” con Aparicio. “La presencia de los Castedo en El Pajeal fue confirmada por la mayoría de los puesteros de la zona, los mismos que en su momento fueron parte de las familias perjudicadas por el cierre de los caminos y la colocación de los portones con candado en el camino vecinal que atraviesa la finca y quienes, como integrantes de la Asociación de los Pequeños Productores de Madrejones, se levantaron contra Aparicio y los Castedo a mediados del año 2006″.
Se referenció a las amenazas en contra de la familia Ledesma, en especial Liliana, asesinada el 21 de septiembre de 2006, tras denunciar públicamente a Delfín Castedo por el cierre de los portones y las actividades ligadas al paso de camiones con droga provenientes de Bolivia. La investigación de la fiscalía evidenció que la finca tenía tres portones que comunicaban al vecino país, pero por la facilidad del terreno solo era utilizado uno en una zona de monte y bosque, camuflaje para la organización, no para los puesteros; en especial los Ledesma.
La importancia de la finca y el alcance delictivo quedó demostrada con testigos y otras pruebas, surgiendo que el ex diputado Aparicio intervenía por “cualquier situación de denuncia contra los Castedo; lo primero que hacían éstos era comunicarse con Aparicio porque tenía contactos con gente de la justicia, hablaba con los fiscales, con los jueces, o con cualquier otro político por el tema de los negocios o las fincas”. El control de los caminos y el portón principal de paso a Bolivia era la obsesión de los Castedo, llegando Raúl en una ocasión y con colaboradores a impedir que Gendarmería recorriera el lugar, amenazando o insinuando que portaba armas.
Finalmente, mas allá de la situación de los líderes del clan, ambos tenían pedido de capturas por el asesinato de Ledesma desde 2006. Las pruebas e investigaciones demostraron que “Delfín mantuvo un absoluto y completo señorío en esas tierras valiéndose de sus emisarios, testaferros (como lo fueron Yudi y Torino) y dependientes, todos integrantes de la asociación ilícita bajo su jefatura”, por “más de diecisiete años ininterrumpidos”, explicando los jueces que la posesión vino “de la mano de Aparicio” para “conformar la zona liberada de la que se dispuso a su antojo para acometer los más variados hechos de tráfico y contrabando de mercaderías y estupefacientes, tal y cómo quedó probado en el debate”.
El movimiento de lavado de activos alrededor de la finca elevó la producción de 400 cabezas de ganado a más de 1.700, además de la compra de gran cantidad de maquinarias; entre ellas ocho topadoras, una casa rodante, seis acoplados, dos tractores, dos máquinas aradoras, dos sembradoras, un generador eléctrico, un contenedor, una fumigadora, cuatro extractores y una estructura metálica, entre otras maquinarias agrícolas. (Ministerio Público Fiscal de la Nación)
