»Parte del descargo que presentó ayer martes el intendente Méndez al Concejo Deliberante (Foto e informe: Raúl Costes)

 

Pasados los 20 días otorgados por el Concejo Deliberante para el descargo del mandatario comunal, ayer martes ingresó al recinto un informe de redacción «poco profesional», y solicita que se le otorgue un plazo más. Entre las líneas redactadas se lee que culpa al dirigente gremial «Fermín Hoyos y su séquito», como uno de los instigadores para el juicio político. Desde la oposición se entiende la movida como un intento de dilatación de cara al inicio de las campañas electorales.

Se trata de 157 irregularidades que se han contado al ejecutivo municipal las que llevan al pedido de juicio. El Concejo otorgó primero 5 días para que Méndez presentara el informe que se solicitaba, después la prórroga de 5 días más y los 15 días de rigor para una última respuesta, pero al no haber respuesta, se dió inicio al proceso que llevará a Rubén Méndez al Juicio Político.

El intendente no hace mención al pedido de informes del estado financiero de las arcas municipales; egresos o ingresos; sino que es todo un descargo plasmado en cinco hojas y al final pidiendo que se libren oficios al Ministerio de Trabajo de Salta, Sala V del Tribunal de Impugnación, Fiscalía de Salvador Mazza y la Comisaría.

En el informe que dirige éste al cuerpo legislativo de la frontera, con el patrocinio del Dr. Bruno Alejandro Zandanel, el intendente pide la nulidad de las resoluciones Nº 017/2017 y Nº 019/2017, pidiendo que; sobre la última; se extienda un plazo para que pueda presentar a sus testigos.

Estos son hombres de apellido Chávez y Batule, Ricardo San Millán; secretario de gobierno; y por estos días en viaje de comisión a Salta Capital, y Daniel Moreno, que no puede concurrir por cuestiones de salud; agregando también que no han recibido ninguna notificación de audiencia de parte del Concejo.

Para Méndez, esta es «una maniobra fraudulenta y arbitraria de los miembros de la Comisión que buscan obtener información de los testigos ofrecidos por ellos (facultad totalmente vedada a los juzgadores en un sistema acusatorio como el reconocido por el derecho argentino) pretendiendo beneficiarse de sus resultados para lograr una resolución de destitución».

El párrafo siguiente argumenta que «pretenden valerse de la testimonial del Sr. Fermín Hoyos, secretario general de ATE, quien en dicho carácter es asistido por el Dr. Carlos Saravia, asesor legal -al mismo tiempo- de la Comisión que lleva adelante el juicio político». «Y es que la elección del profesional que asiste a la Comisión del presente juicio político no ha sido antojadiza. Se trata de un proyecto común cuyo objetivo es lograr mi destitución».

El intendente; que para la oposición solo busca dilatar tiempos para no tener más inconvenientes de cara al inicio de la campaña para las PASO de agosto; señala como instigadores de este juicio no solo a Fermin Hoyos, sino también a la concejal Cristina Cazón y a su hermano, el Dr. Armando Cazón; Fiscal Penal de Salvador Mazza.

Por último, Méndez afirma que su representante legal (ya no es el Dr. Carlos Gómez), por contar con domicilio en Salta y compromisos que cumplir, no puede estar presente el día de la Audiencia de Descargo.