El Juzgado de Garantías 1 Distrito Tartagal no hizo lugar a la nulidad interpuesta por el defensor de Rubén Méndez Salazar, por lo que se mantiene el requerimiento de remisión de la causa a juicio por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en todos sus términos, debiendo continuar el trámite de la causa según su curso. El fiscal penal Armando Cazón presentó oportunamente un recurso de apelación en contra del decreto de nulidad dictado por el juez Nelso Aramayo.
En la apelación presentada por el fiscal penal Cazón el 29 de noviembre de 2021; y que fue remitida al Tribunal de Impugnación el 7 de diciembre; niega haber violado el debido proceso y advierte al juez Nelso Aramayo que confundió la fecha de notificación de la imputación con la imputación y declaración de Méndez Salazar.
El juez Aramayo consideró entonces que el requerimiento de elevación de la causa a juicio efectuado por el fiscal penal se ajusta a las prescripciones establecidas por los Artículos 433 y 434 del Código Procesal Penal y que los fundamentos expuestos por la defensa resultan insuficientes para sustentar la nulidad solicitada respecto del Requerimientos de Remisión a Juicio, por lo que resolvió no hacer lugar a la nulidad Interpuesta por el abogado defensor de Méndez Salazar. Se mantiene el Requerimiento de Remisión de la Causa a juicio en todos sus términos debiendo continuar el trámite de la causa según su curso.
Los hechos
El 23 de diciembre de 2020, el fiscal Armando Cazón citó a Rubén Méndez Salazar a audiencia de imputación por la supuesta comisión del delito de malversación de caudales públicos e incumplimientos de deberes de funcionario públicos.
La intervención de Cazón comenzó por la denuncia efectuada el 26 de octubre de 2020 por el entonces presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza; Carlos Blademir Villalba; en contra del (entonces) intendente Rubén Méndez Salazar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos o caudales públicos. El ex concejal argumentó, entre otros, que Méndez no había presentado los presupuestos 2019 y 2020 y que no había hecho efectivas algunas medidas tomadas por el Concejo.
Tras la investigación correspondiente, el fiscal penal labró el decreto de imputación y citó a Méndez Salazar el 23 de diciembre de 2020 a la audiencia de imputación. El ex intendente solicitó la suspensión de la audiencia, que finalmente tuvo lugar el 23 de febrero de 2021; a la cual terminó concurriendo con su abogada, María Liliana Sagárnaga. Se negó a declarar y firmó, junto a su defensora, el acto de imputación.
Sin que Méndez interpusiera ningún tipo de nulidad al Decreto de Imputación y/o a la declaración de imputado; y habiendo vencido de sobremanera el plazo para plantear el mismo; el 14 de octubre de 2021, Cazón notificó al juez Nelso Aramayo el decreto de imputación, transcribiendo la imputación efectuada el 23 de febrero de 2021. A entendimiento de la Fiscalía, el Juzgado habría mal interpretado la fecha del decreto de imputación valorado como fundamento de la nulidad dispuesta.
Otra denuncia, otra causa
Paralelo a ello, en agosto de 2021, ingresó una denuncia anónima y a la página web del Ministerio Público Fiscal de Salta en contra del ex intendente, que a su vez investigó la Unidad Fiscal compuesta por Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos Complejos) y Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal).
El 13 de octubre de 2021 se llevaron a cabo una serie de allanamientos y secuestros que culminaron con la imputación del ex intendente por enriquecimiento ilícito; peculado (tres hechos) en calidad de coautor; peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. En esta denuncia también fueron imputadas otras 13 personas.
En los últimos días, peritos informáticos del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) concluyeron el análisis de los dispositivos electrónicos y teléfonos celulares secuestrados en esa oportunidad. Las dos causas que se siguen en contra de Méndez Salazar, no tienen vinculación alguna y son independientes una de la otra. (Ministerio Público Fiscal de Salta)
