Tras una compleja investigación iniciada por una denuncia anónima, Gendarmería Nacional logró desarticular una red de explotación que mantenía cautiva a una menor de edad. La víctima fue sometida a violencia extrema y obligada a tener un hijo con su captor.
En un fallo que pone de relieve la crudeza de la trata de personas en el país, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó a 10 años de prisión a una pareja y a su hijo por el secuestro, explotación y matrimonio forzado de una menor de edad perteneciente a la comunidad romaní.
La investigación se puso en marcha en abril del año pasado, tras una denuncia anónima a la línea de emergencias 911. La alerta indicaba el presunto secuestro de una joven en el departamento de Caucete. La rápida activación de los protocolos de seguridad permitió a las fuerzas federales interceptar un vehículo donde viajaba la menor junto a su hijo recién nacido y sus captores.
Un calvario de traslados y violencia
A medida que la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan” profundizaba en el caso, salió a la luz un escenario de vulneración sistemática de derechos. Según la investigación fiscal, la joven fue:
- Obligada a contraer una unión de hecho con el hijo de la pareja imputada.
- Forzada a la maternidad en un contexto de cautiverio.
- Trasladada constantemente por las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe para evitar su localización.
El informe de Gendarmería detalló que la víctima sufrió violencia física y psicológica, explotación laboral, privación alimentaria y una estricta restricción al sistema de salud.
El éxito del operativo radicó en la reconstrucción de una línea temporal precisa. Mediante el trabajo conjunto de las unidades de Gendarmería en distintas provincias y la articulación con la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), se logró determinar el rol específico de cada integrante de la familia en las distintas etapas del sometimiento.
“La solidez probatoria obtenida mediante el análisis de información y la cooperación interjurisdiccional fue fundamental para sostener la hipótesis de explotación y alcanzar la condena”, señalaron fuentes judiciales.
Finalmente, la Unidad Fiscal Federal de San Juan logró demostrar la existencia de un caso de trata de personas consumada y agravada. La condena de una década para los responsables marca un precedente en la lucha contra el matrimonio infantil y las uniones forzadas, delitos que muchas veces quedan invisibilizados bajo supuestos “usos y costumbres” culturales.
